El trasvase Tajo-Segura sigue acumulando reacciones por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Después de que este martes el vicepresidente Martínez Guijarro anunciara reclamaciones jurídicas en caso de no autorizarse las reglas de explotación, este miércoles ha sido la portavoz Esther Padilla quien desde la Delegación de la Junta en Cuenca ha amenazado de nuevo con ir a los tribunales.
«La valoración es la misma, el hecho de avanzar los días, meses y años hace que cada vez tengamos menos comprensión que al principio», advirtió. En este sentido, echó mano de las sentencias que inculcan el respeto de los caudales mínimos: «No entendemos que no se cumpla una norma impulsada por el propio Gobierno y se hayan agotado todos los plazos». A su juicio, el hecho de que este 1 de octubre se siga sin borrador de reglas de explotación, «no solo fundamentales y necesarias, sino que urgen muchísimo», es permitir el incumplimiento «en tiempo de descuento».
Insistió en que esta falta de actuación por parte del Gobierno central «no tiene explicaciones» y según sostuvo, «no vale ponerse de perfil ni quedar bien con unos y otras». En esta cuestión que «urge» hay que intentar darse prisa, en opinión de la portavoz regional: «Espero que no lo alarguen mucho más porque nos veremos obligados a pedir ejecución de sentencia y acudir a los tribunales».
En cuanto a la declaración de los municipios ribereños que también van a estudiar acciones legales, Padilla matizó que de momento Castilla-La Mancha se centra en el «cambio de reglas de explotación» impulsado desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. De hecho, anunció que esta misma tarde la consejera del ramo se reunirá con el secretario de Estado de Medio Ambiente: «No sabemos si ahí se conocerá ese borrador de reglas, pero estamos fuera de todos los tiempos y la dilación perjudica a Castilla-La Mancha».
