Se acaba el plazo para abordar las nuevas reglas en la explotación del trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura y este no es el primer aviso de ir a los tribunales que lanza el Gobierno regional. Este martes el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que verán con los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo si el Consejo de Ministros no aprueba la regulación.
Se trata de un Real Decreto, que consta de cinco artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, y que atiende los requerimientos establecidos en las disposiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El objetivo pasa por preservar siempre la preferencia de la cuenca cedente y respetar las determinaciones de la planificación hidrológica. Así, la nueva regulación de esta infraestructura establece unas reglas que eliminan la inseguridad de periodos anteriores y proporciona criterios objetivos sobre la forma de operación de esta transferencia.
«El planteamiento es claro», aseveró Guijarro, «hay que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los Planes Hidrológicos y hay que establecer nuevas reglas de explotación». En su opinión, hay tiempo más que suficiente para materializar estas modificaciones en la regulación del trasvase. Y avisó: «Si hoy el Consejo de Ministros no lo aprueba, haremos las reclamaciones pertinentes a través de los servicios jurídicos para que vea la luz».
