Durante el turno de ruegos y preguntas del pleno del Ayuntamiento de Cuenca del mes de febrero, Cuenca en Marcha planteó una pregunta sobre la aprobación de nuevas licencias de viviendas de uso turístico en el casco antiguo. La formación señaló que, según el libro de decretos, se había concedido, por ejemplo, la licencia contenida en el decreto 6/7/2026, lo que a su juicio supone un “flagrante incumplimiento” del acuerdo presupuestario de 2025, que establecía la paralización de nuevas licencias hasta que se realizase una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar este tipo de usos.

El equipo de gobierno argumenta limitaciones legales

Saray Portillo, concejala de Personal y Empleo y 1ª Teniente de Alcalde, respondió que la paralización de licencias requiere una justificación legal y que no puede aplicarse de forma automática. Explicó que, según los técnicos municipales, “no cabe pretender una suspensión sin más del otorgamiento de dichas licencias” y que las medidas adoptadas se han ajustado a la legalidad vigente.

Portillo aclaró que las nuevas licencias se tramitan cumpliendo los requisitos legales, y que cualquier limitación futura debería realizarse a través de una modificación del PGOU o incorporarse al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) actualmente en tramitación. Subrayó que “desde la Concejalía de Urbanismo se han dado todos los pasos legalmente posibles, habiendo disminuido el número de licencias ante la falta de cumplimiento de los requisitos legales oportunos”.

Cuenca en Marcha insiste en la necesidad de cumplir acuerdos

María Ángeles García, portavoz de Cuenca en Marcha, reconoció la explicación técnica, pero insistió en que el acuerdo adoptado no se ha cumplido: “Lo que está claro es que es un acuerdo que se adoptó y que no se ha cumplido, aunque hayan hecho las intervenciones legales que usted nos ha contado”, señaló.

García recalcó que la modificación puntual del PGOU sigue pendiente y que no hay claridad sobre los plazos o procedimientos que se seguirán para limitar el uso turístico en el casco antiguo, lo que genera incertidumbre sobre la futura regulación de estas viviendas.

El equipo de gobierno mantiene que se avanza dentro de la legalidad

Portillo insistió en que el Ayuntamiento no es ajeno al compromiso adquirido, pero que todas las acciones deben ser viables y legales. “Una vez estudiado por los técnicos, se han dado aquellos pasos que son viables y que son legales, y como le he dicho, sería o a través de una modificación del plan general, que no del POM, o incluirlo en el nuevo POM”, concluyó.