El debate sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se ha colado en pleno municipal del mes de febrero celebrado este lunes con un cruce de reproches entre el equipo de Gobierno y el grupo Cuenca en Marcha–Unidas por Cuenca, que cuestionó la legalidad de la última modificación aprobada.
La portavoz de la formación, María Ángeles García, trasladó al pleno en el turno de ruegos y preguntas las dudas planteadas por empleados municipales y sindicatos sobre el expediente, señalando posibles defectos como la supuesta falta de documentación previa a la Mesa General de Negociación, la creación de una Dirección de Asesoría Jurídica, incrementos en complementos específicos “sin suficiente justificación” o posibles causas de abstención en algunos informes. En este contexto, preguntó directamente si el equipo de Gobierno tenía previsto declarar la nulidad de la segunda modificación de la RPT y depurar responsabilidades.
La concejala de Personal, Saray Portillo, respondió con un “no rotundo” y defendió la legalidad del procedimiento. La edil negó que la RPT se haya modificado dos veces en menos de cuatro meses —como sostuvo la oposición— y precisó que la primera modificación se aprobó en marzo y la segunda en diciembre, con nueve meses de diferencia: «No es verdad que en menos de cuatro meses se haya modificado dos veces la RPT», aseguró Portillo.
Portillo aseguró además que el expediente cuenta con los informes técnicos correspondientes y que en la Mesa de Negociación participaron los representantes sindicales, llegando a aprobarse por unanimidad 12 de los 16 puntos planteados. También afirmó que la creación y clasificación de la Dirección de Asesoría Jurídica ha sido validada por la administración autonómica.
“Estoy cansada del velo en el que envuelven sus intervenciones, siempre sembrando dudas”, reprochó la concejala a la portavoz de Cuenca en Marcha, a quien acusó de “enfangar” el debate.
Por su parte, García rechazó que su grupo actúe con esa intención y defendió que su intervención responde a las inquietudes trasladadas por representantes sindicales. Aunque admitió que el Gobierno mantiene que el procedimiento es correcto, sostuvo que la modificación “no va a mejorar la reorganización municipal”.
El expediente seguirá su tramitación con la resolución de los recursos presentados, según avanzó el equipo de Gobierno, que insistió en que la modificación se ha ajustado a la legalidad vigente.
