El nuevo modelo operativo que pretende imponer el presidente de Correos, Pedro Saura, sin negociación y en contra de la mayoría sindical, supondrá importantes recortes de plantilla, con el consiguiente efecto negativo que ello tendrá en el servicio público. La reestructuración planteada no busca la eficiencia operativa, sino arreglar las cuentas de la empresa.
La sección de Correos de CCOO Cuenca denuncia que las 71 pruebas piloto que Correos pretende implantar (5 de ellas en Castilla La Mancha) no son un experimento aislado, sino la antesala de un cambio estructural, diseñado a nivel estatal por la presidencia y la dirección de la empresa, para aplicarlo en las 2.500 carterías de todo el país), con graves consecuencias laborales y de servicio público.
CCOO advierte de que el nuevo modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones.
El sindicato incide en que existe un plan estatal deliberadamente oculto, estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 “pruebas piloto” en todo el país. Esta distribución no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto del país.
CCOO denuncia que el denominado “nuevo modelo operativo” se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad.
Además, introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación “cero” que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible.
“Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público”. CCOO alerta de que esta reorganización viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde.
El sindicato advierte de que este modelo provocará una sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya bastantes elevados.
CCOO subraya que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.
Ante esta situación, CCOO exige la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido. Mientras no constate lo contrario, CCOO defiende que el modelo vigente es el que debe mejorarse, tal y como recoge el espíritu del Acuerdo Marco de 2024, acabando con los recortes, reforzando la plantilla con contratación suficiente y convocando la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años.
El sindicato reclama además que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo.
CCOO advierte de que, si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización frente a los incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración salvaje, con graves riesgos para el empleo, el servicio postal público y el propio funcionamiento del reparto en todo el país. Y esto con un horizonte de año y medio, hasta junio de 2027, atravesado por procesos electorales clave.
