La nueva regularización extraordinaria aprobada recientemente por el Gobierno permitirá que miles de personas migrantes que ya viven y trabajan en España puedan salir de la invisibilidad administrativa. A nivel nacional, el Ejecutivo estima que hasta 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, concebida para facilitar el acceso a un permiso de residencia y trabajo a quienes llevan tiempo en el país sin documentación.

Más allá de las cifras globales, la medida tiene una especial relevancia en provincias como Cuenca, marcadas por el envejecimiento, la despoblación y la falta de mano de obra en sectores clave. Sin embargo, por el momento no existen datos oficiales sobre cuántas personas podrían acogerse a este proceso en la provincia.

Desde El Digital de Cuenca se ha consultado a la Subdelegación del Gobierno de España en Cuenca, desde donde han señalado que “no disponen de ese dato”.

Una regularización para personas que ya están aquí

La regularización está dirigida a personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia continuada en el país, además de carecer de antecedentes penales. En el caso de solicitantes de protección internacional, el requisito temporal se flexibiliza.

La autorización inicial tendrá una duración de un año, con permiso de trabajo válido en todo el territorio nacional y en cualquier sector, y permitirá posteriormente acceder a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería.

ACCEM: “No es un problema, es una necesidad”

Desde ACCEM, entidad de alcance nacional y con sede en Cuenca que cuenta con más de 35 años de trayectoria en acción social, su presidente en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, valora la regularización como una respuesta realista a una situación que ya existe.

“Tenemos población inmigrante, la necesitamos y hay población inmigrante que está sin documentar, pero que busca trabajar. Ante esta realidad podemos coger y pensar en tirarlos a todos al mar, cogerlos y que se hagan economía sumergida creyendo que así no va a haber efecto llamada o podemos pensar con luces largas e inteligencia sin ninguna postura populista”, afirma.

Carlés subraya que muchos de estos trabajadores ya están ocupando, de manera irregular, puestos en sectores esenciales como la hostelería, la construcción, los cuidados a mayores, el transporte o el campo.

“Si están aquí y los necesitamos estará ayudando a las arcas del estado y estará regularizado. Hay muchas razones positivas para que veamos que esta posibilidad es algo muy bueno para todos. Evidentemente lo que hay que hacer es ordenarlo todo bien”, señala.

Sin estimaciones concretas en la provincia

Preguntado por cuántas personas podrían beneficiarse en Cuenca, Carlés rechaza ofrecer cifras sin respaldo oficial.

“Dar una estimación ahora sería absurdo. Lo importante en este momento es concienciar a la población que no tengan miedo que no es un problema, que no es un efecto llamada es una necesidad que tenemos y en esa necesidad es una oportunidad para que la gente no esté viviendo de forma irregular”, explica.

En este sentido, insiste en que las regularizaciones anteriores no han generado un “efecto llamada” y alerta del riesgo de discursos populistas y xenófobos.

“Un inmigrante puede ser un delincuente, pero como lo puede ser un español no por ser inmigrante delincuente puede haber gente buena y gente mala como hay españoles buenos y españoles malos” al mismo tiempo que recuerda la migración que muchos españoles hicieron en los años 50.

El impacto en el medio rural y la España vaciada

Desde ACCEM subrayan que esta regularización puede convertirse en una oportunidad clave para el medio rural, en una comunidad como Castilla-La Mancha, de carácter eminentemente rural, y especialmente en provincias como Cuenca y Guadalajara.

“es una oportunidad para la agricultura, para la ganadería, para la atención a los mayores. Y en un pueblo te puedes integrar más y la cosa va bien, te integras mucho más que en el mundo urbano”, señala Carlés.

Por todo ello, el presidente de ACCEM Castilla-La Mancha señala que la medida adoptada por el Gobierno es «una buena noticia» porque «te están dando la posibilidad de regularizar tu vida y de normalizarla».

Cruz Roja: “Es un avance en derechos y dignidad”

Por su parte, Cruz Roja Cuenca también valora la regularización de forma positiva, aunque con un discurso más prudente. Su coordinadora provincial, Marta del Pozo, destaca que se trata de personas que ya forman parte de la sociedad.

“Son personas que conviven con nosotros como uno más, pero que tienen limitado el ejercicio de sus derechos porque se encuentran en una situación irregular, lo que le impide el acceso a prácticamente todo. Esta regularización supone un avance en el reconocimiento de sus derechos y, sobre todo, de su dignidad”, señala.

Por ello, Del Pozo resalta que para el colectivo inmigrante supone una noticia «súper positiva porque conseguiría regularizar su situación y acceder a todos los derechos que ahora mismo los tienen totalmente limitados a todos los derechos a todos los recursos y que ahora no pueden acceder que los tienen totalmente limitados».

Desde Cruz Roja explican que atienden a un elevado número de personas migrantes, tanto solicitantes de asilo como en otras situaciones administrativas, pero que no disponen de una estimación concreta de cuántas podrían beneficiarse en la provincia.

Acompañamiento y cautela institucional

Cruz Roja ha mostrado su disposición a informar y acompañar a las personas migrantes durante el proceso.

“Respetaremos el nuevo marco jurídico que se ha establecido y apoyaremos a las personas que lo necesiten durante todo el proceso”, concluye Del Pozo.

Pese a la falta de cifras oficiales, las entidades sociales coinciden en que la regularización puede suponer un cambio vital para muchas personas que llevan años viviendo y trabajando en la provincia en situación de irregularidad, y una oportunidad para abordar algunos de los retos estructurales de Cuenca desde una perspectiva social y laboral.