El Comité de Empresa y la representación legal del personal municipal han denunciado la existencia de graves irregularidades en el proceso de aprobación inicial de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Tarancón, aprobada recientemente por resolución de Alcaldía. La crítica coincide con el cierre del plazo para que trabajadores y organizaciones sindicales presentaran alegaciones al documento.
Según expone la representación de los trabajadores, la RPT habría sido aprobada mediante un procedimiento que no se ajusta a la normativa vigente, ya que, tal y como recuerdan, la ley establece que esta competencia corresponde exclusivamente al Pleno municipal. Para los representantes sindicales, este hecho “podría suponer nulidad de pleno derecho”.
El Comité también advierte de que la propuesta elimina puestos que continúan figurando en la plantilla municipal actual, todo ello sin aportar una justificación técnica, sin memoria económica y sin informe de Intervención, pese al impacto retributivo que implican estos cambios.
Asimismo, la representación sindical denuncia que no se ha negociado la asignación de puntos a los 242 puestos de trabajo incluidos en la propuesta, un elemento determinante para calcular complementos salariales y niveles profesionales. Señalan que la única mesa de negociación celebrada hasta la fecha se centró en los criterios para fijar retribuciones complementarias y quedó inconclusa.
El Ayuntamiento, según indican los representantes de los trabajadores, pretende ahora negociar únicamente el valor euro por punto. Sin embargo, consideran que esta propuesta “no constituye una negociación real”, ya que dicho valor sería simplemente el resultado de dividir un presupuesto que —afirman— no ha sido facilitado, entre unos puntos cuya asignación tampoco ha sido negociada.
Ante esta situación, la representación legal y sindical de CCOO exige la retirada inmediata de la aprobación inicial de la RPT y la apertura de un proceso “transparente, negociado y ajustado a la legalidad”, que incluya informes técnicos y económicos completos y que sea aprobado por el órgano competente.
