El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de subida salarial para los empleados públicos que eleva al 11% el incremento acumulado entre 2025 y 2028, en un intento de cerrar un acuerdo con las organizaciones sindicales tras semanas de tiras y aflojas en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
La oferta, presentada esta semana por el Ministerio de Función Pública, mejora en un punto la anterior (10%), rechazada inicialmente por los sindicatos por considerarla insuficiente para frenar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde la última década. El tope del 4% para los dos primeros años (2025 y 2026) permanece como línea roja del Ejecutivo, que lo justifica por las restricciones presupuestarias y la regla de gasto.
El principal foco de la negociación ya no es tanto el porcentaje global —que el Gobierno da por “cerrado”— como la distribución anual de esa subida, clave para los sindicatos. Según fuentes presentes en las conversaciones, las centrales reclaman que el grueso del incremento llegue antes de 2027 para evitar que una eventual prórroga presupuestaria o un cambio político deje el acuerdo en papel mojado.
En el frente sindical, las posiciones siguen desiguales. UGT ha recibido favorablemente el 11% y da por buena la senda planteada, señalando que el efecto arrastre de tablas podría situar el aumento real en torno al 11,5%. CCOO mantiene el análisis abierto, valorando avances pero presionando para que se concreten mejoras pendientes en promoción interna, carrera profesional y reducción de temporalidad. CSIF, por su parte, rechaza la propuesta y advierte de protestas si no se mejora el reparto para 2025-2026.
La negociación salarial llega después de que en julio el Consejo de Ministros aprobara el último tramo variable del acuerdo 2022-2024 (0,5% retroactivo a 1 de enero de 2024), que cerró un ciclo de incrementos que podía alcanzar cerca del 9,5% en tres años. Ese precedente es el marco que ahora reclaman los sindicatos: una fórmula con parte fija y cláusulas ligadas a inflación y crecimiento para no perder poder adquisitivo.
Función Pública ha convocado una nueva reunión decisiva para los próximos días y ha pedido a las organizaciones una respuesta final. En juego no solo está la subida salarial, sino también un paquete paralelo de medidas para modernizar la Administración: eliminación progresiva de la tasa de reposición, mejoras en acceso y movilidad, y cambios en los procesos selectivos, varios de ellos aún sin cerrar.
De alcanzar un consenso, el acuerdo daría certidumbre a las nóminas de profesores, sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de justicia y administración general del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Si no hay pacto, el conflicto amenaza con trasladarse a la calle en un final de año cargado de presión presupuestaria y reivindicaciones laborales.
