La Sala de lo Contencioso-Administrtivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado una resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de julio de 2021, que limitaba los trabajos agrícolas por riesgo de incendios forestales.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Aministrativo ha estimado el recurso interpuesto por Asaja contra la desestimación del recurso de alzada que presentó la organización agraria contra la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad del 8 de julio de 2021, que litaba temporalmente la realización de trabajos agrícolas en el medio natural por el riesgo de incendios forestales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM ha considerado que la resolución no era ajustada a derecho y la ha anulado, aunque cabe la posibilidad de presentar un recurso extraordinario y limitado de casación ante la Sala Tercera de Tribunal Supremo (TS).
La sentencia, que ha sido dada a conocer este lunes en una rueda de prensa por el presidente de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, por el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Juan José Laso, y por el presidente de la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras (Atamaco), Félix Andrés, determina que «las medidas adoptadas no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales».
Freseda ha afirmado: «Que cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos den la razón en algo que es fundamental, que es la falta de sensibilidad de las administraciones a la hora de hacer sus actuaciones».
Según el presidente de Asaja: «La sentencia viene a decir que no son competentes para decir cuándo o cómo podemos llevar a cabo nuestro trabajo».
Asimismo, ha advertido: «Hemos encontrado nuestra hoja de ruta y a partir de ahora “o se negocia o no se determina bajo ningún concepto cuándo y cómo y de qué manera tenemos que hacer nuestro trabajo, porque lo que no podemos aceptar es que se nos imponga sin criterio lógico ni legal cuando como tenemos que hacer las cosas».
Posibilidad de pedir una reclamación patrimonial
Por su parte, Laso ha explicado que sentencia tiene dos consecuencias, la primera que abre la posibilidad de pedir una reclamación patrimonial a la Junta de Castilla-La Mancha, y la segunda «es que demuestra que esta resolución fue irresponsable, no era ajustada a derecho y atentaba contra el sector productor de Castilla-La Mancha y no añadía ninguna solución al problema de los incendios desgraciadamente».
«Esta resolución me recuerda al ordeno y mando de otros tiempos, porque se realizó sin ningún consenso y no se tuvo en cuenta en ningún momento al sector agrícola», ha añadido el presidente de APAG.
También ha lamentado que la sentencia haya tardado cuatro años, por que si hubiera salido antes, el destino de los responsables de la resolución (los entonces consejero y viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero y Fernando Marchán) hubiera sido el cese o la dimisión «ya que se ha demostrado que su gestión fue imprudente, irresponsable y carente de talento, atacando a los intereses profesionales de esta provincia y de esta regió
Por último, ha remarcado que esta sentencia «nos da ánimos, fuerza y moral para seguir defendiéndolos intereses de nuestros profesionales, recordando que en la lucha contra los incendios la agricultura y la ganadería no es el enemigo sino un aliado”.
A su vez, Félix Andrés ha calculado que la resolución ocasionó unas pérdidas a los asociados de Atamaco de unos 750.000 euros, que se elevarían a 2 millones de euros en toda Castilla-La Mancha, según cálculos de esta asociación y de Asaja, que han apuntado que la suma de los cinco años en los que ha habido restricciones supondría «una cifra desorbitada para la Administración».
En este sentido, Andrés ha avanzado que próximamente habrá una asamblea de Atamaco, para determinar de qué forma se hará la reclamación patrimonial.
