El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha debatido este martes la moción presentada por el grupo municipal Cuenca en Marcha–Unidas por Cuenca para reprobar al concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Adrián Martínez Vicente, centrada principalmente en su gestión del transporte urbano.
Durante el debate, María Ángeles García (Cuenca en Marcha) ha defendido la moción alegando que las decisiones de Martínez Vicente, especialmente en el diseño e implementación del nuevo modelo de transporte urbano, se tomaron de “espaldas a la ciudadanía e ignorando advertencias claras de lo que podía suceder” que provocaron quejas masivas por recorridos alargados, transbordos obligatorios, fallos en la aplicación móvil y deficiencias en la señalización de paradas.
Asimismo ha señalado también la falta de ejecución de medidas como la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la regulación de terrazas de hostelería, la limitación de viviendas de uso turístico y la implantación de aparcabicis, argumentando que la acumulación de estos incumplimientos justificaba la reprobación. García ha enfatizado que la moción no era un ataque personal, sino una exigencia de responsabilidad política.
También ha abogado por municipalizar el servicio de trasporte urbano puesto que “permitiría recuperar el control público del servicio, evitando que los intereses de una empresa privada, aunque lícitos, prevalezcan sobre las necesidades de la ciudadanía, y planificar de forma flexible los cambios que demande la ciudad”.
La opinión de VOX Cuenca
Por su parte, Rafael Rodríguez (VOX) se mostró favorable a la reprobación, considerando que los errores en la gestión del transporte y otras áreas eran estructurales y reiterados. Rodríguez se ha preguntado si no hay nadie responsable por perder subvenciones por una falta “administrativa o de responsabilidad”.
Las críticas del PP de Cuenca
Juan Guadalajara (PP) ha criticado duramente la gestión de Martínez Vicente, recordando que hace un año ya se había solicitado su comparecencia por los problemas en el transporte urbano. Denunció que la prórroga y modificación del contrato de transporte público se hicieron con informes no verificados y decisiones apresuradas, provocando errores en recorridos, paradas mal señalizadas y pérdidas económicas.
Guadalajara también ha recordado que el nuevo intercambiador central ha tenido un coste de más de 30.000 euros, aunque comparado con la pérdida del 1.400.000 euros para las lanzaderas “parece una broma”. Asimismo ha puesto de manifiesto que desde el equipo de gobierno no se ha querido que se crease una comisión de investigación para profundizar en esta cuestión.
El PSOE defiende la gestión de su edil
Por su parte, Saray Portillo (PSOE) ha defendido al concejal, argumentando que muchos problemas correspondían a decisiones colegiadas, limitaciones presupuestarias o procedimientos heredados, y que la rectificación inmediata ante las incidencias demuestra voluntad de mejora.
Tras la votación, que terminó en empate con 12 votos a favor y 12 en contra, la moción quedó rechazada haciendo uso del voto de legalidad del alcalde y presidente, dejando sin efecto la propuesta de reprobación.
