El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca lleva varios meses de batalla por un transporte público digno en la ciudad y desde el 1 de septiembre han denunciado el sistema «fallido y fracasado» del intercambiador. La presidenta Beatriz Jiménez ha asegurado que tras cuatro días de San Mateo han seguido encontrando «deficiencias» con horarios reducidos (priorizando el vehículo privado en vez del urbano) y han echado de menos lanzaderas al Casco Antiguo como se había anunciado desde el Ayuntamiento en fechas señaladas.
«Este sistema basado del anterior demuestra falta de capacidad de gestión y echamos de menos explicaciones, hemos pedido responsabilidades pero no ha habido ceses ni dimisiones, nos abochorna como ciudadanos y como oposición que nadie asuma el fracaso y nos avergüenza que las líneas no funcionen como deberían», declaró Jiménez.
Su aviso sobre que no funcionaría el intercambiador en una ciudad pequeña fue desoído, según la concejal popular, y ahora el caos por volver a un aparcamiento sin retirar los elementos que se pusieron en la antigua estación de tren supone un coste extra: «30.000 euros parecen poca pérdida porque estamos acostumbrados a perder mucho dinero, desde 2022 que se caducaba el primer contrato de 2012 han sido 1’4 millones de subvención del Ministerio para lanzaderas al AVE y también hemos perdido la ayuda para financiar el autobús a los menores de 14 años».
Recordó la moción presentada por su Grupo en marzo de 2025 en la que solicitaron un nuevo pliego de autobuses urbanos y que no se prorrogase el contrato porque «no funcionaba». Los populares tienen dudas sobre los 12 informes que han conocido para llevar a cabo la modificación «mientras que ahora solo ha hecho falta un informe en 24 horas», a la vez que se preguntan cómo se han ajustado los kilómetros y quién fiscaliza a la empresa LUC. En este punto, Beatriz Jiménez se refirió a la sentencia que ganaron de más de 600.000 euros entre 2012 y 2018 y a la que reclaman de más de 800.000 euros entre 2019 y 2022.
Por ello, ha anunciado que pedirán en el próximo pleno del martes una comisión de investigación para saber qué ha pasado con el contrato desde la prórroga de 2022 y tener acceso a toda la documentación de kilometraje. «No queremos que esto vuelva a pasar en 2027 y nos quedemos sin prórroga y sin subvención, Dolz fue responsable del primer contrato que ha dado un servicio deficitario con parches, gastando dinero de las arcas públicas para que no se vean las carencias de un equipo de Gobierno inepto, si no hace bien su trabajo se tiene que ir», insistió. Por eso, pidió que se haga un estudio necesidades y un contrato acorde.
EL VALOR DE SENTARSE CON LOS CONDUCTORES
El concejal popular Juan Guadalajara también expresó la «desidia por partida doble» al considerar que no se hizo nada en los cinco meses que había para preparar a los ciudadanos. «El 1 de septiembre las paradas estaban mal señalizadas con tótems que informaban de 3 líneas y no existían, tampoco señalizaron horizontalmente la calzada para no molestar al resto de vehículos, no eliminaron los elementos antiguos y modificaron un contrato en 24 horas», relató Guadalajara. En su opinión, cuando decidieron volver al sistema antiguo cometieron «el mismo error», ya que las paradas seguían estando mal señalizadas, los tótems continuaron en el intercambiador y el alcalde no ha hecho ninguna campaña de información a los usuarios.
«Me gustaría que Dolz tuviera el valor de sentarse con los conductores y les preguntase cómo ha sido su experiencia, su saturación fue absoluta», indicó. Además, se hico eco de las quejas de la Asociación Fuente del Oro sobre el desconocimiento en el nuevo funcionamiento, pues los vecinos «no saben si las líneas suben o bajan, y cómo efectúan parada en la zona de Los Tiradores».
«Ponemos sobre la mesa su incompetencia, al final hacen las cosas se hacen en el último momento y sufrimos los resultados del transporte público», concluyó.
UNA SITUACIÓN DANTESCA
Álvaro Barambio, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, quiso expresar su deseo de que esta comisión no quede en nada y por eso han puesto unas condiciones en su funcionamiento: que la persiga un grupo minoritario y tenga una periodicidad en su mantenimiento.
«No es un brindis al sol, queremos conocer en qué se basan los informes, hasta dónde llegan las responsabilidades de unos y otros, y en función de eso se revelen conclusiones, esto ha sido dantesco», enfatizó.
El propósito de la comisión es que no parezca «una disputa entre partidos» ya que el problema de los autobuses afecta a todos, y que no haya «ocurrencias políticas sino profesionalidad». En ese sentido, han fijado 15 días para la tramitación de la moción, abiertos a modificaciones, así como una reunión quincenal de seguimiento y un plazo de 6 meses para sacar conclusiones. Se mostraron convencidos de que recibirán el apoyo de los grupos porque «el malestar es generalizado».
