La imagen de un cartel pegado en una farola del centro de Cuenca, en el que se exige a la concejala de Deportes, Rosario Rodríguez Patiño, una solución urgente ante los «recortes del horario» y la «masificación» en la piscina cubierta «Silvia Lara», ha despertado comentarios entre usuarios habituales del complejo deportivo «Luis Ocaña» y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso del espacio público como medio de protesta ciudadana.
En el cartel, redactado de forma anónima, se critica la falta de actuación municipal en pleno mes de julio y se insta a la edil a no permanecer «pasiva», aludiendo a que la situación afecta a la salud de los ciudadanos que acuden al baño libre. Sin embargo, más allá del contenido de la queja, el Ayuntamiento ha recordado que la colocación de carteles en mobiliario urbano está expresamente prohibida por la normativa municipal y podría dar lugar a una sanción.
En declaraciones remitidas a este medio, fuentes del Consistorio señalan que el caso será trasladado a las autoridades policiales «por si es susceptible de imposición de una sanción o multa», recordando que «hay cauces oficiales para trasladar reclamaciones y recibir respuesta técnica».
En cuanto al fondo del asunto, desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento se afirma que en los últimos quince días se han registrado solo tres quejas en relación con las piscinas cubiertas, enviadas al correo electrónico general y no a través de los canales oficiales. Un dato que contrasta con los más de 1.700 usuarios contabilizados en ese mismo periodo.
Las reclamaciones, según detalla el equipo técnico, se centran en que durante dos horas concretas del día solo hay disponibles cuatro calles para baño libre, compartidas por un máximo de tres personas. No obstante, desde el área se recuerda que una piscina municipal debe estar abierta a todos los perfiles de usuarios: clubes de natación, triatlón, personas con discapacidad, cursillos y ciudadanos que practican baño libre. Y subrayan que el reparto de calles responde a esta convivencia de usos, y que fuera de esas franjas horarias hay más disponibilidad.
«La concejala siempre está abierta a recibir a quien quiera exponer lo que considere, pero no a través de una farola», zanjan desde el Ayuntamiento.
No obstante, más allá de esa valoración institucional, el cartel sí constituye una manifestación de información ciudadana: transmite una queja concreta, con destinatario político claro y argumentos ligados al uso de un servicio público. Que se difunda mediante un cartel callejero —aunque vulnerando la ordenanza— no le resta valor como documento informativo sobre una preocupación social localizada. De hecho, su presencia ha generado conversación, tanto en redes como entre usuarios, acerca del equilibrio entre derechos ciudadanos y normas municipales.
