Los agricultores de la Alcarria y la Sierra Conquense quieren trasladar públicamente su preocupación y malestar ante las medidas que la Consejería de Desarrollo Sostenible está aplicando en relación con el Índice de Propagación de Incendios (IPP). Aunque comparten plenamente la necesidad de prevenir incendios forestales y reconocen que la protección del monte debe ser una prioridad, consideran que las restricciones vigentes están dificultando gravemente el desarrollo de su actividad sin responder siempre a las condiciones reales existentes sobre el terreno.
Desde el sector agrario señalan que resulta difícil de comprender que, incluso en días de precipitaciones abundantes, se mantengan de manera automática niveles de riesgo extremo. A su juicio, esta falta de adaptación a las circunstancias concretas de cada momento obliga a los agricultores a cumplir requisitos que, en muchos casos, son muy complicados de asumir para explotaciones familiares y pequeños productores.
Los profesionales del campo muestran especialmente su desacuerdo con algunas de las exigencias vinculadas a los episodios de riesgo extremo, como la obligación de contar con un vehículo de apoyo dotado de un depósito mínimo de 400 litros de agua y una manguera de 50 metros, además de otros medios complementarios. Consideran que estas condiciones suponen una carga difícilmente asumible para muchos agricultores, limitando de forma significativa su capacidad para llevar a cabo la cosecha.
Frente a una política basada principalmente en restricciones, los agricultores reclaman que la Administración refuerce los recursos disponibles sobre el terreno. En este sentido, proponen la contratación durante los meses de verano de personas desempleadas para realizar labores de vigilancia y observación, acompañando a los agricultores durante las tareas de recolección, una fórmula que recuerdan ya se aplicó en campañas anteriores.
Los retrasos en las cosechas pueden provocar pérdidas irreparables
Asimismo, solicitan una reorganización temporal de los recursos de extinción y prevención para adaptarlos a las necesidades actuales de la campaña. Dado que la cosecha se concentra en estas fechas principalmente en la Alcarria y la Sierra de Cuenca, consideran oportuno que los retenes de bomberos forestales de otras zonas de la provincia puedan desplazarse de forma estratégica a estos municipios, con el fin de reforzar la vigilancia y facilitar el trabajo en condiciones de seguridad.
Los agricultores advierten también de las importantes consecuencias económicas que pueden derivarse de estas limitaciones. Recuerdan que, cuando el grano alcanza su punto óptimo de maduración, cualquier retraso en la cosecha puede traducirse en pérdidas irreparables provocadas por tormentas o episodios de granizo. A ello se suma que los seguros agrarios no cubren la totalidad de los daños sufridos, lo que deja a muchas explotaciones en una situación de especial vulnerabilidad.
El sector insiste en que los agricultores son los primeros interesados en evitar cualquier incendio, ya que su medio de vida depende directamente de la conservación del territorio. Por ello, entienden que el esfuerzo para garantizar la seguridad debe ser compartido entre los profesionales del campo y las administraciones públicas. En este contexto, lamentan que las ayudas y recursos disponibles resulten insuficientes y que los pequeños municipios no perciban un retorno acorde con la aportación fiscal de quienes viven y trabajan en el medio rural.
Por todo ello, los agricultores de la Alcarria y la Sierra Conquense anuncian su intención de solicitar reuniones con los responsables de las consejerías de Agricultura y de Desarrollo Sostenible de cara a próximas campañas. Su objetivo es abrir un diálogo que permita adaptar las medidas de prevención a la realidad del campo y garantizar que la protección del medio natural sea compatible con el desarrollo de una actividad esencial para la economía y el abastecimiento de la sociedad.
