El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca en sesión ordinaria correspondiente al mes de junio ha debatido una moción presentada por el Grupo Municipal VOX para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a iniciar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de jardín histórico, del conocido Jardinillo de la Plaza de la Hispanidad.
El portavoz de VOX, Rafael Rodríguez, defendió la iniciativa señalando que el objetivo era “sintetizar los argumentos históricos urbanísticos para solicitar formalmente al Ayuntamiento de Cuenca que inste a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades”, en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Rodríguez contextualizó el espacio como un enclave con larga evolución histórica, recordando que el actual Jardinillo “tiene prácticamente un siglo de antigüedad” y que ha sido conocido a lo largo del tiempo con distintas denominaciones, como la antigua Plaza de la Infanta Paz o la posterior Plaza del Generalísimo.
También aludió a la presencia del monumento central, obra de Luis Marco Pérez, y a su relevancia histórica: “concretamente este monumento a los soldados es de Luis Marco Pérez y la primera piedra se puso el 26 de diciembre de 1924”.
Un espacio histórico frente a la reurbanización de Carretería
En el tramo más político de su intervención, el portavoz de VOX centró el debate en el impacto del proyecto de reurbanización de Carretería sobre este enclave.
A su juicio, el Jardinillo no debe ser tratado como un elemento meramente viario: “carece de lógica el que el jardinillo no es una rotonda, porque está protegido por una forja centenaria modernista”, afirmó.
Rodríguez defendió además la integridad del espacio frente a la apertura de pasos peatonales previstos en el entorno urbano: “no estamos de acuerdo con que se abran atajos en la vía más transitada de este jardín”, insistió, al considerar que su reducido tamaño hace innecesarias esas conexiones.
En esa línea, sostuvo que el valor del conjunto no se limita a su vegetación o su uso urbano, sino a su configuración histórica: “descontextualizar este jardín ahora mismo y quitarle el cerramiento engrosaría la lista desafortunada de pérdidas patrimoniales en el centro de Cuenca”, advirtió.
Un debate sobre identidad urbana
VOX justificó su propuesta en la necesidad de preservar la identidad histórica del espacio urbano: “lo que es el jardinillo, tal y como está ahora mismo, sí que da una imagen de una ciudad provincial del siglo XIX o principios del siglo XX”, señaló Rodríguez, defendiendo la conservación de esa estética.
El grupo municipal incluyó en su propuesta la protección de la verja original, su restauración y su mantenimiento cromático: “la pintura de color verde de origen para protegerla del óxido”, detalló.
Cuenca en Marcha: apoyo a la protección con enfoque técnico
Desde Cuenca en Marcha, la portavoz María Ángeles García vinculó el debate a la necesidad de planificación global del patrimonio urbano.
“Desde Cuenca en Marcha lo que creemos es que el debate sobre la protección del patrimonio debe hacerse con rigor y con criterios técnicos”, afirmó.
El grupo anunció su voto favorable, en coherencia —dijo— con el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno para la elaboración de un catálogo de bienes protegidos en la ciudad.
En ese marco, señaló que el Jardinillo deberá ser evaluado: “entendemos que en ese proceso deberá valorarse también el jardinillo, si reúne las características necesarias para formar parte de ese catálogo y, en su caso, estudiar el grado de protección que le corresponda”.
El PSOE rechaza la moción por “confusa” y sin base normativa suficiente
El Grupo Socialista mostró su rechazo a la iniciativa por considerar que presenta importantes debilidades jurídicas y técnicas.
La concejala Saray Portillo fue especialmente crítica con el planteamiento, al afirmar que la propuesta es “técnicamente débil y jurídicamente un poco confusa”.
Portillo recordó que el Ayuntamiento no tiene competencia para declarar un BIC, ya que se trata de una figura cuya incoación corresponde a la administración autonómica: “la declaración de BIC exige procedimiento administrativo tramitado por la Consejería competente en Patrimonio Cultural, cuya iniciación corresponde siempre de oficio a la Dirección General competente”, explicó.
También cuestionó el uso del catálogo urbanístico como argumento, al señalar que el documento “no está aprobado ni publicado” y que, en cualquier caso, el Jardinillo no figura en él como elemento protegido.
“El propio catálogo del POM no incluyó el jardinillo ni su vallado como elementos catalogados”, subrayó.
Debate político y reproches cruzados
Durante el debate, el concejal popular Juan Guadalajara elevó el tono político al denunciar el clima de confrontación en el Pleno y la falta de escucha a la ciudadanía.
“Lo que hoy debe mostrar es una declaración de intenciones para intentar que no se destruya lo que no se puede rectificar”, afirmó, aseverando que “si el ayuntamiento quiere escuchar a la ciudad o quiere seguir encerrado en sí mismo” vinculando el debate del Jardinillo a un modelo más amplio de gestión urbana.
Guadalajara defendió la protección del espacio y su vallado: “lo que está ocurriendo ya no es un debate ni jurídico ni procedimental, es un debate ciudadano y social”, sostuvo.
El alcalde defiende la ausencia de protección BIC en otros espacios similares
El alcalde Darío Dolz intervino al final del debate para contextualizar la discusión dentro del conjunto patrimonial de la ciudad.
“Lo dejo ahí encima de la mesa para su reflexión”, señaló, al recordar que otros espacios históricos de Cuenca no cuentan con figura BIC.
Citó el entorno del Palacio de la Diputación o el Parque de San Julián como ejemplos: “no es BIC, el Parque del Salvador tampoco está protegido, no es BIC”, apuntó.
Aprobación de la moción
Tras el debate, la moción de VOX fue aprobada por 13 votos a favor y 11 en contra.
La Guardia Civil, eje de la segunda moción de VOX
El portavoz del Grupo Municipal VOX, Rafael Rodríguez, inicia su intervención poniendo el foco en la Guardia Civil y su papel en la seguridad del Estado, destacando su dimensión nacional y su despliegue territorial. Señala que el cuerpo cuenta con “sus actuales más de 80.000 miembros”, a los que define como “el núcleo más numeroso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, subrayando que “se encuentran distribuidos por todos los rincones del territorio nacional en permanente vigilancia al servicio de la nación española”.
A continuación, recuerda las funciones de este cuerpo en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que entre sus misiones “figura la de evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos”.
El interviniente introduce entonces varios episodios violentos recientes, comenzando por los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), donde, según su relato, “fueron asesinados dos guardias civiles y otros dos resultaron gravemente heridos cuando se enfrentaron en una pequeña zodiac a una narcolancha de 300 caballos de potencia tripulada por marroquíes, que les pasó por encima sin defensa posible”.
Añade que dichas imágenes fueron difundidas públicamente, señalando que “como se vio en un vídeo que pudimos ver todos los españoles entre horrorizados y avergonzados por los medios con los que pierden la vida nuestros guardias civiles en el cumplimiento del deber”.
Rodríguez insiste en la existencia de “mafias organizadas del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar”, subrayando la peligrosidad del fenómeno.
Posteriormente, se refiere a otro episodio ocurrido el 8 de mayo de 2026 en la costa de Huelva, afirmando que, durante un operativo contra el narcotráfico, “dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha” y que, como consecuencia, “otros dos guardias civiles fallecieron en el operativo”.
Del mismo modo, alude a un suceso más reciente, fechado el 12 de junio, en el que una patrulla habría sido atacada en Punta Umbría, asegurando que fue “ametrallada con armamento de guerra”, resultando el vehículo policial con impactos de bala, aunque los agentes salieron ilesos.
En su exposición también menciona unidades especializadas de la Guardia Civil, señalando que “hasta el año 2022 la unidad de élite contra el narco, llamada OCON-Sur, había tenido grandes éxitos en la represión del tráfico de estupefacientes provenientes del norte de África”. Añade que, tras cambios políticos, se habría producido su desmantelamiento, vinculándolo al reconocimiento por parte del Gobierno de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Afirma además que se ha producido una reducción de efectivos y medios en la lucha contra el narcotráfico, sosteniendo que “reduciéndose los efectivos de la Guardia Civil en la zona y disminuyendo drásticamente los medios que se les conceden en la lucha contra los narcos”.
El portavoz extiende su crítica a la situación interna del cuerpo, mencionando a la UCO y denunciando supuestas campañas de desestabilización “amparadas desde la cúpula del Ministerio del Interior y desde la cúpula de la propia Guardia Civil”. En este punto afirma que “la Guardia Civil la componen sus 80.000 miembros y no el infame Ministro del Interior, la incalificable Directora General de la Guardia Civil, ni el DAO”.
Sostiene igualmente que existen actuaciones disciplinarias injustificadas, mencionando una amonestación a la UCO “sin informe ni base jurídica por investigar los correos del hermano y la esposa del presidente del Gobierno”.
Tras ello, resume su posición indicando: “hasta aquí los hechos, conocidos públicamente por todos”, defendiendo la necesidad de dotar a los agentes de mayores medios materiales, humanos y jurídicos.
En este sentido, afirma que “no resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física”.
Concluye defendiendo que la Guardia Civil debe contar con “plantillas suficientes, vehículos y embarcaciones, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados”.
Añade que no solo se trata de medios materiales, sino también de seguridad jurídica, afirmando que es necesario “promover las reformas legales necesarias para reforzar la cobertura jurídica de los agentes en acto de servicio”, de forma que no se vean sometidos a “calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria”.
Asimismo, propone el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y la equiparación salarial real con otros cuerpos de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, policía nacional, policías autonómicas y locales.
Finalmente, incorpora una referencia territorial, defendiendo el mantenimiento de cuarteles en el medio rural, señalando que es imprescindible “conservar, mantener y dignificar aquellas casas cuartel” para evitar la despoblación y la pérdida de servicios en la España rural, citando expresamente “la Cuenca rural”.
Intervención de Pablo García (Cuenca en Marcha)
El representante de Cuenca en Marcha, Pablo García, inicia su intervención expresando “todo nuestro apoyo y reconocimiento a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad” que luchan contra el narcotráfico, destacando que lo hacen “muchas de esas veces poniendo en riesgo su integridad para proteger el conjunto de la sociedad”.
Añade una condena explícita de la violencia: “tenemos que condenar sin ningún matiz los asesinatos que se han producido, las agresiones y cualquier otro acto de violencia cometido por las organizaciones de narcotraficantes”, esperando que los responsables “respondan ante la justicia y que caiga todo el peso de la ley”.
Subraya que los trabajadores públicos deben contar con garantías: “todos los trabajadores, y especialmente quienes desempeñan funciones de seguridad pública, deben poder desarrollar su labor con todas las garantías de seguridad”.
No obstante, introduce una crítica política a la exposición de VOX, señalando que la forma de defender la moción incluye “determinadas descalificaciones a los miembros del Gobierno” que considera inapropiadas y que no benefician a la Guardia Civil, afirmando que esto “les lleva a utilizarla de manera partidista”.
Añade que la institución debería ser defendida “sin necesidad de convertirla en esta especie de confrontación partidista”.
También plantea que la moción carece de adaptación a la realidad territorial de Castilla-La Mancha, indicando que “no tenemos costa, pero eso no significa que no exista lucha contra el narcotráfico”, recordando que la región también forma parte de rutas de tráfico de drogas.
Como ejemplo, menciona actuaciones policiales en Cuenca, incluyendo investigaciones recientes por venta de sustancias y una operación con “51 personas detenidas”.
Finalmente, concluye señalando contradicciones en el discurso de VOX, criticando generalizaciones sobre el origen de los narcotraficantes y defendiendo que el apoyo a las fuerzas de seguridad debe hacerse “desde el respeto institucional y evitando el uso partidista de la Guardia Civil”.
Desde el equipo de gobierno, Saray Portillo defiende una postura basada en la seguridad “seria, basada en datos y coordinación institucional”, subrayando que el apoyo a los cuerpos de seguridad debe realizarse desde el respeto al Estado de Derecho y sin instrumentalización política. Critica que parte de la moción excede las competencias municipales y considera que contiene elementos de carácter ideológico.
Por su parte, el portavoz de Vox, Rodríguez, defiende que el objetivo de la moción es exclusivamente mostrar apoyo a la Guardia Civil, especialmente a la de Cuenca, y sostiene que las propuestas deben entenderse como un conjunto de peticiones dirigidas al Gobierno central. Procede a detallar las medidas incluidas: mejora de equipamiento, protocolos operativos, refuerzo de medios humanos y materiales, reconocimiento como profesión de riesgo, equiparación salarial, protección jurídica y mantenimiento de cuarteles en el medio rural, entre otras.
Intervención del PP: apoyo a la moción y críticas al Gobierno
El portavoz del Grupo Popular, Álvaro Barambio, ha intervenido dejando claro desde el principio que el PP va a apoyar la moción. En su discurso subraya el “inciso” institucional sobre el funcionamiento del pleno, pero rápidamente entra en el fondo del debate para defender a la Guardia Civil como institución clave para la seguridad de España.
Su intervención se centra en tres ideas principales:
Por un lado, ha mostrado un apoyo firme a la moción porque considera que “defender a la Guardia Civil es defender la seguridad de todos los españoles”. Por otro, ha elevado el tono crítico hacia el Gobierno, al que acusa de abandono, falta de medios, falta de efectivos y falta de reconocimiento hacia el cuerpo. En ese marco, menciona expresamente que el narcotráfico está creciendo mientras los agentes trabajan en inferioridad de condiciones.
Además, introduce un elemento más personal: afirma ser hijo de guardia civil y explica que eso condiciona su visión del debate, reforzando la idea de cercanía emocional con la institución. También insiste en que la Guardia Civil es esencial en el medio rural (carreteras, montes, pedanías, seguridad ciudadana, etc.), no solo en el narcotráfico.
Concluye defendiendo la equiparación salarial, el reconocimiento de la profesión de riesgo y más medios materiales y humanos, y termina anunciando explícitamente el voto favorable del Grupo Popular a la moción.
En resumen: PP apoya la moción, pero la convierte también en una crítica fuerte al Gobierno por la situación de la Guardia Civil.
Rectificación del proponente y acuerdo final
El portavoz de Vox defiende inicialmente sus expresiones, pero finalmente acepta retirar los calificativos considerados ofensivos por el resto de grupos, con el objetivo de facilitar el consenso. Aclara que el núcleo de la moción es el reconocimiento y apoyo a la Guardia Civil y mantiene la defensa del contenido de las propuestas dirigidas al Gobierno.
Tras esta modificación, el Pleno procede a la votación.
Resultado
La moción es aprobada por unanimidad, con 24 votos a favor, una vez retirados los términos considerados descalificativos y añadida una declaración explícita de respeto y reconocimiento a la Guardia Civil, en especial a la de la provincia de Cuenca.
