La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cuenca (ASAJA) puso de manifiesto en El Digital de Cuenca las estrecheces por las que están pasando los agricultores de la provincia en la actualidad cuando está finalizando la campaña de recogida del cereal. Por dos motivos fundamentalmente: el calor extremo de finales de mayo y junio, junto con el granizo que ha caído recientemente, lo cual ha reducido en un 10% la previsión de producción; y por otro lado, la bajada de los precios, que han pasado de 200 euros por tonelada en 2024 a 170 euros este año, lo que impide a los trabajadores cubrir los costes por hectárea.
«La campaña está bastante avanzada, creo que estaremos en torno al 50% de la cosecha ya en marcha, y los rendimientos empezaron muy bien, pero los últimos datos que tenemos no pronostican un año a lo mejor tan bueno como parecía que iba a ser», lamentó Manuel Torrero, secretario general de ASAJA en Cuenca.
Lo atribuye a los días de calor de finales de mayo y junio, que «han quitado algo de pico de producción» y por eso hay rendimientos tan dispares. También precisó que han tenido muchas zonas de la provincia afectadas por el granizo, en algunos casos con «pérdidas muy importantes». Tan solo hace mes y medio avanzaba que podrían estar por encima del millón de toneladas, pero «probablemente ahora esté más complicado» y quizás no consigan esa cifra.
Según explicó, esto conlleva cierta ruina para el agricultor ya que recibe una cantidad de dinero por tonelada, pero sin embargo los costes son por hectárea. De tal forma que si baja el rendimiento por hectárea, el coste de producción es mayor. Así, cualquier circunstancia climatológica, un pedrisco, una ola de calor o cualquier otro fenómeno, puede hacer que los rendimientos bajen y que el coste de producción de la tonelada se dispare. «Nos descoloca más a la hora de encajarlo en los precios que tenemos en el mercado», concretó, «estamos hablando de cotizaciones de entre 170 a 180 euros por tonelada cuando la misma fecha del año pasado estábamos hablando de que la cebada estaba por encima de los 200-210 euros aproximadamente».
Cada cultivo tiene un coste y un manejo diferente, por ejemplo el olivo acaba de cuajar el fruto y el girasol está en pleno desarrollo ahora mismo, pero aún le queda mucho. La campaña del cereal se encuentra en la finalización de lo que es la cosecha: «Hace unos días estábamos en torno a los 3.300 kilos por hectárea, igual estamos un poquito más abajo, en torno a los 3.000, un 10% menos». En sus palabras, los agricultores están que «se suben por las paredes porque si estás en un negocio que tiene pérdidas y la producción no cubre los costes ¡pues imagínate!».
La solución pasa por establecer medidas gubernamentales de control de la importación. Torrero entiende que si el grano entra muy barato arrastra al agricultor de origen a cotizar a la baja. «Queda mucho por hacer», enfatizó. A su juicio, debe haber una regulación específica para no hundir el sector ya que España es un país deficitario en cereales y el sentido común dice que en un mercado donde la demanda es mayor que la oferta hace falta subir los precios «y aquí ocurre lo contrario».
«España viene produciendo 20 millones de toneladas y el consumo está en torno a los 32 millones, por lo que tenemos que importar 12, eso en teoría tendría que provocar que el precio subiese y luego completar la demanda con importación, pero no es así, se está importando en cualquier época del año y están compitiendo con las mercancías nacionales», argumentó.
Junto a ello, desde ASAJA van a apoyar un periodo de reforma de la PAC (Política Agraria Común) que entraría en vigor en 2027 ya que hay una serie de comunicaciones que preocupan: «No tenemos todavía certeza de que la PAC siga teniendo un presupuesto específico en la Unión Europea para cada Estado miembro y hablan ahora de un fondo único que mete todas las partidas presupuestarias, lo que pedimos es que se siga manteniendo o se aumente el presupuesto de las políticas agrarias comunes».
Por último, respecto al atasco de solicitudes de jóvenes agricultores que se produjo a finales de diciembre, el secretario general confirmó que ya se han llevado a cabo las gestiones pertinentes: «Parece ser que se ha podido arreglar, pero estaremos pendientes del cobro de estos expedientes a ver si la Administración acompaña su compromiso».
