El futuro de las instalaciones deportivas de la capital ha protagonizado el cierre del Pleno municipal en un cara a cara que resume años de desencuentros. Tras una durísima intervención de Rafael Reyes, presidente de la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca (ACDC), la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, ha anunciado que este martes se activará en la Junta de Gobierno Local la vía de urgencia para intentar rescatar, de una vez por todas, las obras del Joaquín Caparrós y el Obispo Laplana.
El malestar de los clubes: «Dignidad y salud pública»
Rafael Reyes no ha acudido al Pleno con una simple pregunta, sino con un balance de años de «mano tendida» no correspondida. El presidente de los clubes ha recordado que ya en 2020 entregaron un informe técnico de 25 páginas detallando las carencias de la ciudad, un documento que les aseguraron que sería su hoja de ruta pero que, tras casi una legislatura, ha derivado en una «situación de precariedad extrema» para cientos de niños en barrios como las 500 o la zona de ‘La Bene’.
Reyes ha calificado la situación no solo como un problema deportivo, sino de «dignidad y salud pública», cuestionando además la transparencia municipal y la parálisis de un IMD que «sigue sin reunirse».
La respuesta municipal: «Sorpresa» y maniobra legal
La respuesta de Saray Portillo ha sido contundente, mostrando su «sorpresa» por el tono de la intervención y defendiendo que el equipo de Gobierno ha mantenido un seguimiento exhaustivo con ruedas de prensa semanales.
Portillo ha llegado a sugerir que la comparecencia de Reyes podría obedecer a «otros intereses», insistiendo en que la asociación tiene «línea directa» con el Ayuntamiento, aunque ha aprovechado el turno para desvelar la maniobra legal que el Consistorio ejecutará este mismo martes para cortar por lo sano.
Ultimátum de diez días a las constructoras
La estrategia municipal pasa elevar una propuesta a Junta de Gobierno local, para otorgar un plazo improrrogable de diez días, contados desde que se le comunica lógicamente el acuerdo de la Junta de Gobierno, a las constructoras de ambos campos. En el caso del Joaquín Caparrós, tras una inspección fallida el pasado 23 de abril por remates defectuosos, el Ayuntamiento asumirá la obra de forma subsidiaria si la empresa no cumple en el plazo citado, liquidando el coste con cargo a la adjudicataria para poder abrir el campo definitivamente.
Una fórmula similar se aplicará en el Obispo Laplana, donde se busca que la empresa asegure la zona y entregue lo ejecutado —principalmente los vestuarios— para que el Consistorio recupere la posesión de forma «rauda y veloz» y pueda licitar por vía de urgencia el resto del proyecto pendiente.
Incertidumbre sobre los plazos finales
Pese al movimiento administrativo, el equipo de Gobierno ha querido evitar falsas promesas sobre una fecha definitiva de apertura para las 500 en 2026. Ante la insistencia de los clubes por obtener garantías de que la nueva licitación no volverá a fallar, Portillo ha sido tajante al afirmar que «asegurar que no volverá a pasar lo mismo no puede hacerlo nadie, y el que le diga lo contrario miente». La edil ha concluido subrayando que, una vez que el proceso sale a contratación, el Ayuntamiento no puede controlar si una empresa cumple o si la licitación queda desierta, dejando el futuro del deporte base supeditado al éxito de este nuevo intento administrativo.
