Greenpeace y la Coordinadora Stop Ganadería Industrial, integrada por más de un centenar de movimientos vecinales y ocho organizaciones estatales e internacionales, han presentado alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana para solicitar la denegación de la concesión de agua requerida por el Grupo Avícola Rujamar S.L. en relación con su proyecto de macrogranja de gallinas ponedoras previsto en el municipio conquense de San Clemente.
El proyecto, que ha sido reformulado en varias ocasiones desde su primera presentación en 2021 y que llegó a quedar paralizado por el rechazo social, plantea ahora una instalación con capacidad para albergar 997.500 gallinas, de las cuales 810.000 serían ponedoras y 187.500 de recría. Según las organizaciones firmantes de las alegaciones, esta cifra convertiría la explotación en la mayor macrogranja de gallinas del país y en una de las más contaminantes.
En sus escritos, los colectivos denuncian el mal estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos, donde se ubicarían las captaciones necesarias para el proyecto. Recuerdan además que esta situación ya fue señalada por el Instituto Geológico y Minero en 2015. A su juicio, la puesta en marcha de la macrogranja agravaría el deterioro del acuífero e impediría alcanzar su buen estado, tal y como establece la Directiva Marco del Agua.
Las alegaciones también ponen el foco en las discrepancias detectadas en el consumo de agua previsto. Mientras que la solicitud presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana contempla un uso de 41.900 metros cúbicos anuales, el proyecto remitido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha eleva esa cifra a 85.000. Para cubrir esta diferencia, el plan incluye el abastecimiento mediante camiones cisterna desde la red municipal de San Clemente, lo que, según las organizaciones, podría entrar en competencia directa con el suministro destinado al consumo humano.
Asimismo, los colectivos advierten de la elevada concentración de nitratos detectada en el agua de consumo en zonas próximas al proyecto, como Casas de Roldán-Casas de los Pinos, donde se han registrado valores superiores a los 50 mg/l en los últimos años, llegando incluso a 57 mg/l, según datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad. Estas cifras han llevado en algunos casos a declarar el agua no apta para consumo humano.
Las organizaciones alertan de que una instalación de estas dimensiones, con una elevada generación de residuos orgánicos, podría agravar aún más la contaminación del acuífero. Por ello, consideran que la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe adoptar medidas para garantizar la recuperación del buen estado de las aguas subterráneas y sostienen que autorizar este proyecto dificultaría el cumplimiento de dicho objetivo.
En este contexto, Greenpeace y la Coordinadora Stop Ganadería Industrial reclaman la denegación de la concesión de agua solicitada, al entender que la continuidad del proyecto supondría un nuevo impacto negativo sobre una masa de agua ya en situación crítica.
