El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cuenca, con un presupuesto de 8,71 millones de euros.
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha informado el Ministerio en una nota de prensa.
Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado.
Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de más de 204 kilómetros de carreteras del sector número 2.
Los tramos de carreteras incluidos en este contrato son:
— 107 kilómetros de la N-420 entre Mota del Cuervo (km 324) y Cuenca capital (km 432).
— 6 kilómetros de la N-420A entre los km 382 y 388 a su paso por la localidad de Olivares de Júcar.
— 59 kilómetros de la N-301 entre Mota del Cuervo (km 134) y la localidad albaceteña de Minaya (km 193).
— 29 kilómetros en la N-310 entre el límite provincial con Albacete cerca de la localidad de San Clemente (km 145) y Sisante (km 174).
— 3 kilómetros del ramal de conexión de la N-310 con la A-43, en San Clemente.
Además, en el término municipal de San Clemente se realizará una rehabilitación superficial de firme mediante extendido de microaglomerado en frío y sellado de fisuras en carretera N-310 entre los kilómetros 145 y 152.
Reducir emisiones
Los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética del Ministerio de Transportes.
Esto implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
