El sindicato ANPE ha solicitado públicamente la adopción de medidas urgentes para paliar el «enorme gasto» que están soportando los docentes itinerantes. El colectivo, que utiliza sus vehículos particulares para prestar atención educativa en diferentes localidades —principalmente en entornos rurales—, se está viendo gravemente afectado por el «excesivo precio alcanzado por los carburantes» en las últimas semanas.
Una compensación que no cubre los costes reales
Actualmente, la normativa estatal (Orden HFP/793/2023) establece una cuantía de 0,26 €/km por el uso de vehículo particular. Sin embargo, ANPE hace constar que se ha producido un incremento muy significativo no solo en los carburantes, sino también en los costes asociados al mantenimiento del vehículo, como revisiones, neumáticos y seguros.
Esta situación ha generado un creciente malestar entre el profesorado, que comprueba cómo la compensación percibida «ni tan siquiera cubre los gastos derivados de su actividad», lo que supone un perjuicio económico directo para los trabajadores, tal y como han expresado en una nota de prensa.
El riesgo añadido de la escuela rural
Desde el sindicato recuerdan que estos docentes son los únicos funcionarios de la JCCM que ponen su vehículo particular al servicio de la Administración para garantizar el servicio público en zonas rurales y de difícil acceso.
A la carga económica se suma, además, un factor de peligrosidad: «Esta labor implica no solo un importante coste económico, sino también un riesgo añadido, al tener que desplazarse diariamente […] en muchas ocasiones en condiciones meteorológicas adversas».
Exigencias de ANPE
Por todo ello, el sindicato exige la actualización urgente del precio del kilometraje, adecuándolo a la realidad de los costes derivados de los desplazamientos. Asimismo, reclama la adopción de medidas que «compensen los vaivenes de los precios de los combustibles» y que «eviten el perjuicio económico acumulado durante estos años».
