El pleno ordinario correspondiente al mes de junio del Ayuntamiento de Cuenca ha debatido este lunes la moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la revisión del proyecto de reurbanización de la calle Carretería y su entorno, un debate marcado por las discrepancias sobre el grado de participación ciudadana, el alcance del proyecto y su encaje en el procedimiento administrativo ya en curso.
La iniciativa del PP partía de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública al proyecto técnico, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 8 de mayo de 2026. Según expuso la líder de los ‘populares’, Bea Jiménez, dichas alegaciones —procedentes de colectivos vecinales, profesionales, grupos políticos y más de 2.000 firmas— evidencian, a su juicio, “deficiencias graves en el procedimiento seguido y en el contenido técnico del proyecto”.
Jiménez defendió que la actuación sobre Carretería “afecta de manera directa a la movilidad, la actividad económica, la habitabilidad y la vida cotidiana del centro”, y denunció que se ha tramitado “sin un proceso real, transparente y verificable de participación ciudadana”.
En su intervención, la portavoz popular insistió en que el proyecto presenta carencias técnicas relevantes como la ausencia de estudios de movilidad, impacto ambiental o análisis económico, y alertó especialmente de la intervención prevista en el Jardinillo de San Francisco, un espacio que definió como “con valores históricos, ambientales y sociales ampliamente documentados”.
Un pleno dividido entre el encaje jurídico y el posicionamiento político
El debate se tensó cuando la concejala de Personal y primera teniente de alcalde, Saray Portillo, cuestionó la idoneidad de la moción al entender que invade un procedimiento administrativo en curso.
Portillo defendió que el expediente de Carretería debe resolverse por la vía reglada de las alegaciones y los informes técnicos, y no mediante acuerdos plenarios, al afirmar que “por mucho que traigan mociones, esto no es ejecutable en ningún caso”, ya que “una cosa es una moción y otra es una alegación”.
En la misma línea, se apoyó en un informe de la Vicesecretaría General del Pleno, que concluye que la tramitación de las alegaciones “debe producirse dentro de un cauce procedimental” y que una moción política “no puede sustituir la resolución técnica del expediente”.
La secretaria general del Pleno, María Isabel Ovejero García, corroboró este criterio al señalar que el procedimiento urbanístico “viene establecido en la LOTAU” y que “jamás, bajo mi criterio, puede ser sustituido por la voluntad política que refiere una moción”.
Pese a ello, la concejala popular defendió la validez del debate político y del posicionamiento institucional, subrayando que la moción “es un acto político, una intención política” y que su objetivo no era sustituir el expediente, sino marcar una dirección clara.
“Lo que queremos es el compromiso de todos de que este proyecto no puede seguir adelante sin escuchar a la ciudad”, afirmó Jiménez, quien insistió en que el objetivo es “dar una dirección política clara” basada en la participación ciudadana.
VOX y Cuenca en Marcha apoyan la moción, con matices
El Grupo Municipal Vox anunció su apoyo a la iniciativa del PP, al considerar adecuados los acuerdos propuestos. Su portavoz, Rafael Rodríguez, confirmó que “votaremos a favor”, tras señalar que ya habían presentado alegaciones propias al proyecto.
Desde Cuenca en Marcha, María Ángeles García mostró también su respaldo, aunque con matices, al considerar que el debate pone de manifiesto un problema estructural de participación.
García subrayó que “ha faltado un verdadero proceso de participación ciudadana”, recordando que su grupo ya había advertido previamente en el Pleno de esta cuestión. A su juicio, si se hubiera contado desde el inicio con vecinos, comerciantes y colectivos, “muchas de las discrepancias que hoy existen se habrían detectado a tiempo”.
El Ayuntamiento defiende la legalidad del procedimiento y la participación previa
Desde el equipo de gobierno, Saray Portillo defendió que el proyecto ha contado con participación y transparencia, afirmando que “este proyecto está hecho por arquitectos municipales, que merecen un absoluto respeto”.
Sostuvo además que sí ha existido participación a través de reuniones con asociaciones vecinales y colectivos, y que el procedimiento cumple los requisitos legales y europeos al estar financiado con fondos FEDER.
El alcalde, Darío Dolz, fue más contundente al defender la legalidad del proceso. Afirmó que la participación “está cumplida a través de la Agenda Urbana 2030” y recordó que el proyecto se enmarca en criterios ya establecidos de planificación urbana.
En su intervención, defendió que el Ayuntamiento ha cumplido los parámetros exigidos para la financiación europea y reprochó a la oposición su posición sobre el proyecto, insistiendo en que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente.
La moción se aprueba, pero el Gobierno cuestiona su aplicación
Tras el debate, la moción salió adelante con 13 votos a favor y 11 en contra, aunque el alcalde advirtió que no tiene efectos ejecutivos.
En palabras del equipo de gobierno, el acuerdo “no puede sustituir la resolución de las alegaciones”, al tratarse de un procedimiento reglado que debe resolverse mediante informes técnicos.
El Pleno cerró el debate dejando patente la división entre una mayoría que reclama mayor participación y revisión del proyecto, y un equipo de gobierno que defiende su legalidad y la imposibilidad de alterar el expediente por vía política.
