Desde el pasado 15 de junio de 2026, una nueva normativa ha cambiado las reglas del juego para miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que se desplazan a diario a Madrid por motivos laborales o de estudio. La Comunidad de Madrid ha modificado las condiciones para obtener su tarjeta de transporte público personal, imponiendo como requisito indispensable el empadronamiento en la región. Esta medida, que ya ha sido denunciada por la asociación de usuarios del AVE de Ciudad Real, supone un duro golpe para los viajeros de provincias como Cuenca, que ven cómo se encarece y complica su movilidad diaria.
Quienes ya posean la tarjeta podrán seguir utilizándola hasta su fecha de caducidad, que tiene una validez de diez años. Sin embargo, los nuevos solicitantes y aquellos a quienes les caduque la tarjeta se enfrentarán a un nuevo escenario. Deberán optar por la tarjeta multiviaje, que no permite cargar abonos mensuales de Cercanías ni acceder a descuentos clave para jóvenes, familias numerosas o personas de la tercera edad. Esto se traduce, inevitablemente, en un mayor coste económico.
Un convenio que no ampara a todos: Cuenca, la gran olvidada
El problema se agrava al analizar el convenio de transportes existente entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Aunque este acuerdo permite a los residentes de ciertas localidades limítrofes seguir accediendo a la tarjeta madrileña, en el caso de la provincia de Cuenca, solo tres municipios están incluidos: Belinchón, Saelices y Tarancón. Para ellos, nada cambia.
No obstante, la capital y el resto de la provincia quedan fuera de este paraguas. La Asociación de Usuarios del AVE de Cuenca critica que el convenio se base únicamente en la proximidad geográfica y no en el flujo real de viajeros. «Creemos que debería extenderse a ciudades que tienen un gran tránsito de viajeros hacia Madrid, como es Cuenca», explica el presidente de la asociación Javier Baraja en declaraciones a El Digital de Cuenca. Argumenta que es ilógico que una localidad cercana pero con menos movimiento de pasajeros tenga beneficios que se niegan a una ciudad como Cuenca, desde donde se desplazan diariamente entre 200 y 400 personas, principalmente para trabajar.
El impacto real: más costes y un agravio comparativo
La principal consecuencia de esta medida es económica. Los usuarios afectados no podrán beneficiarse de las tarifas planas de los abonos mensuales, teniendo que recurrir a la compra de billetes de diez en diez, una opción considerablemente más cara a largo plazo. «Al final va a hacer que moverse en transporte público por la Comunidad de Madrid sea más complicado y más caro», lamentan desde la asociación.
Este cambio genera además un agravio comparativo con otras provincias como Guadalajara o Toledo, que cuentan con un mayor número de municipios amparados por el convenio. La situación es especialmente paradójica en Cuenca, donde la eliminación del tren convencional ha potenciado el AVE como principal vía de conexión con la capital de España, una apuesta institucional que ahora se ve debilitada por esta nueva barrera en la movilidad urbana.
Próximos pasos: unión y negociación política
Ante esta situación, la Asociación de Usuarios del AVE de Cuenca planea solicitar formalmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que renegocie el convenio con Madrid. Su objetivo es claro: incluir a Cuenca capital en el acuerdo. Para ello, están recopilando datos que refuercen la necesidad de esta medida y no descartan buscar reuniones con figuras clave del gobierno regional, como el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro o el responsable de transportes.
Asimismo, consideran estratégico unir fuerzas con otras plataformas afectadas, como la de Ciudad Real, para presentar una reivindicación conjunta. «Si vamos de la mano, sería mucho mejor», señala Baraja.
La lucha se centra ahora en adaptar los convenios a la realidad de la movilidad del siglo XXI, donde los flujos de viajeros trascienden las fronteras administrativas.
