El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente al mes de mayo ha aprobado este lunes por unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca para la dignificación laboral y la optimización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). A pesar del consenso generalizado que reflejó el marcador final sobre la importancia pedagógica de esta etapa, la iniciativa salió adelante en medio de un intenso cruce de reproches entre los grupos políticos, que evidenciaron sus profundas diferencias respecto al modelo de financiación, la bajada de ratios y el encaje del sector privado en el sistema educativo.
Unanimidad en el voto, división en el debate
A pesar de la dureza de las réplicas y de las notables discrepancias ideológicas exhibidas durante las intervenciones, la votación final deparó una unanimidad total que disipó cualquier bloque político. La moción prosperó con el respaldo de los 24 concejales presentes, logrando que tanto el equipo de Gobierno (PSOE y Cuenca Nos Une) como los grupos de la oposición (Partido Popular y Vox) sumaran sus votos a la propuesta de Cuenca en Marcha, aparcando los recelos mostrados durante el debate en favor del consenso institucional.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Cuenca expresa su apoyo institucional a las reivindicaciones del sector de la educación infantil y se compromete a trasladar estas demandas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España. Asimismo, insta a ambas administraciones a avanzar en la reducción de ratios, el refuerzo de los recursos humanos y materiales y la mejora de la atención a la diversidad, así como en la implantación progresiva de modelos organizativos como la figura de la “pareja educativa”. El texto también recoge el compromiso del Consistorio con la defensa de la educación infantil y la mejora de los recursos de las escuelas municipales dentro de sus competencias.
Cuenca en Marcha exige el reconocimiento educativo frente a la visión asistencial
La portavoz de Cuenca en Marcha, María Ángeles García, defendió la propuesta recordando la huelga estatal secundada por el sector el pasado 7 de mayo y subrayando que la etapa de 0 a 3 años es decisiva para el desarrollo emocional, social y relacional de los menores, actuando como una herramienta clave contra la desigualdad.
García criticó que en demasiadas ocasiones las administraciones tengan una visión parcial que asocia este ciclo principalmente a «un servicio de conciliación o asistencia», lo que a su juicio termina «obviando su carácter estrictamente educativo». Por ello, exigió abordar de raíz la sobrecarga laboral y las ratios que el colectivo considera excesivas.
En las filas de Vox, su portavoz Rafael Rodríguez justificó el apoyo de su formación al tratarse de mejoras para las trabajadoras, aunque introdujo un matiz de sostenibilidad fiscal y advirtió de la necesidad de ser claros con la ciudadanía sobre los costes reales del servicio: «Tener dos docentes en la misma aula implica mayores costes […] Lo que no podemos hacer es la demagogia de decir a la población que hay que mejorar esto y no decirles que tienen que pagar más por el servicio», señaló, recordando que la normativa obliga a vigilar el equilibrio financiero en las tasas públicas.
El PP afea el rechazo a la escuela privada ante la gratuidad de los 2 años
Desde el Grupo Municipal Popular, su presidenta Bea Jiménez calificó la moción de «declaración de intenciones» y afeó a la coalición proponente haber votado en contra de una iniciativa del PP en el pasado que pedía la gratuidad total del ciclo.
Jiménez justificó la postura de su grupo en la defensa de los centros privados, formados y gestionados mayoritariamente por mujeres, lamentando que la izquierda rechazara su enmienda para eliminar el término «pública» de los acuerdos para dejar la defensa de la educación infantil y así “no herir sensibilidades” de ningún trabajador.
El Gobierno local defiende que las ratios de la Junta ya están por debajo de la media
A pesar de su definitivo voto favorable para no dar la espalda al sector, el equipo de gobierno local (PSOE-CNU) se mostró muy crítico con el planteamiento de la moción. El concejal de Educación, Víctor Manuel Fernández, defendió con firmeza la gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, asegurando que el tramo 0-3 ya está plenamente integrado en el sistema regional con currículo propio y que las condiciones del personal laboral en la región son notablemente más estables que en otras autonomías.
Para rebatir las críticas sobre la masificación de las aulas, el edil detalló el esfuerzo inversor de la administración autonómica y contrapuso los datos oficiales, argumentando que las instrucciones de admisión de la Junta sitúan las ratios de la región muy por debajo del Real Decreto nacional:
- De 0 a 1 año: 6 niños por aula en Castilla-La Mancha frente a los 8 que permite el Estado.
- De 1 a 2 años: 11 niños por aula en la región frente a los 13 estatales.
- De 2 a 3 años: 16 niños por aula en las escuelas castellanomanchegas frente a los 20 fijados a nivel nacional.
«Con estos datos, no solamente se están reduciendo las ratios, sino que de facto se están mejorando las condiciones laborales», zanjó el concejal. En los mismos términos se pronunció el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, quien intervino para señalar que el redactado final de la propuesta ignoraba deliberadamente el despliegue presupuestario y la flexibilización de ratios que ya viene aplicando el ejecutivo autonómico.
En el turno de réplica que cerró el debate, María Ángeles García defendió que, aunque las movilizaciones apelan a todo el sector, la prioridad de la moción debía centrarse en defender la red pública por ser la competencia directa y el modelo de gestión que debe abanderar el Ayuntamiento. «No hablemos de gastos, sino de inversión social en nuestros niños y niñas», explicó la portavoz.
