El cierre definitivo de un establecimiento hotelero en la Plaza de la Trinidad ha protagonizado uno de los debates más tensos del Pleno municipal. Tras la denuncia de Vox, que calificaba de «insostenible» que el negocio haya quebrado tras dos años de calle cortada y obras paralizadas, la concejala de Turismo, Marta Tirado, ha comparecido para defender la actuación del consistorio, aunque sus explicaciones dejan un escenario de incertidumbre total para el propietario afectado.
La sentencia contra el Ayuntamiento: ¿ejecutada o no?
El conflicto nace de una resolución judicial que obligaba al Ayuntamiento a realizar obras en las escaleras de acceso a la Plaza de Ronda para frenar las filtraciones que dañaban al hostal. Según Tirado, «el Ayuntamiento ha ejecutado la sentencia en los términos en los que fue dictada» basándose en el informe del perito de la parte demandante.
Sin embargo, a pesar de que los trabajos terminaron oficialmente en noviembre de 2024, las humedades persisten. Para el Gobierno municipal, esto no significa que no se haya cumplido con el juez, sino que el diagnóstico inicial era incompleto o erróneo.
Un giro en el origen de las filtraciones
La clave de la noticia reside en los últimos informes incorporados al proceso judicial en marzo y abril de 2026. Según ha revelado la concejala, estos estudios apuntan ahora a que el agua no proviene del discurrir por las escaleras, sino de «filtraciones procedentes del terreno natural, por debajo de las mismas, y de problemas en la propia impermeabilización del inmueble».
En concreto, se está investigando la aparición de una «cámara bufa» en el edificio, una cuestión técnica nueva que ha complicado la recepción formal de las obras. “No estamos ante una falta de ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento.
Estamos ante una obra ejecutada conforme a lo ordenado judicialmente, cuya recepción formal quedó pendiente por las incidencias judiciales y técnicas que fueron surgiendo después», ha insistido Tirado.
Un negocio arruinado en el limbo judicial
Mientras el juzgado determina quién debe asumir ahora estas nuevas reparaciones en el subsuelo, la realidad es que el hostal permanece cerrado. Vox ha criticado duramente la falta de soluciones ágiles, subrayando que dos años de calle cortada han sido el golpe de gracia para el propietario.
Por su parte, el equipo de Gobierno se escuda en la «prudencia técnica y procesal», dejando claro que, al estar el asunto judicializado, el Ayuntamiento no dará nuevos pasos hasta que el juez dictamine si el origen de las humedades es, como sostienen ahora los técnicos municipales, ajeno a la responsabilidad del Consistorio.