La decisión de la Administración de aumentar las ratios en las escuelas infantiles públicas ha encendido las alarmas en la comunidad educativa de Cuenca, que advierte de un impacto directo en la calidad de la atención durante la etapa de 0 a 3 años, considerada clave para el desarrollo afectivo y cognitivo.
Según el comunicado difundido por CSIF y STAS, el ajuste permitirá que, desde este curso, las aulas puedan acoger hasta 6 menores de 0-1 años, 11 de 1-2 y 16 de 2-3, alcanzando “el máximo permitido por unidad”. Además, el texto subraya que estas cifras podrían incrementarse aún más con la incorporación de alumnado por urgencia social y de menores con necesidades educativas especiales, lo que —según denuncian— podría llevar a superar la capacidad real para una atención individualizada.
Los sindicatos sostienen que detrás de la medida, presentada como una ampliación de la oferta de plazas, existe “una realidad preocupante”: menos tiempo por cada niño, más carga para el personal y una disminución de la calidad. En el caso de Cuenca, donde muchas familias dependen de la red pública para conciliar, la comunidad educativa teme que el incremento de alumnado por aula se traduzca en una atención menos personalizada y en mayores dificultades para generar vínculos seguros, especialmente en los grupos más pequeños.
El comunicado también pone el foco en las condiciones de trabajo en los centros. A juicio de las organizaciones, el aumento de ratios supone una sobrecarga para las educadoras y puede acelerar el deterioro de las condiciones dentro de las escuelas infantiles. En un entorno en el que la atención emocional y educativa resulta determinante, defienden que la primera etapa educativa “no puede gestionarse con criterios de rentabilidad” y requiere recursos humanos suficientes y respeto a los ritmos de desarrollo.
Por ello, CSIF y STAS reclaman a la Administración que reconsidere la medida y abra un proceso de escucha con profesionales y familias. El comunicado insiste en que la evidencia pedagógica apunta a que ratios más bajas favorecen una educación “más justa, inclusiva y de mayor calidad”, especialmente cuando se atiende a alumnado con necesidades diversas.
