Cuenca ha sido el escenario de un movimiento inédito para el colectivo penitenciario local: por primera vez, el sindicato de funcionarios de prisiones de la provincia ha trasladado de forma directa y formal sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados, tras denunciar 12 meses de retrasos por parte del Ejecutivo en relación con compromisos previos.
Según el colectivo, la interlocución parlamentaria solo ha llegado de la mano del Partido Popular, que ha recogido sus demandas en un contexto que los funcionarios describen como de “abandono” institucional y falta de respuesta ante problemas estructurales y de seguridad en el ámbito penitenciario.
Encuentro en Cuenca con dirigentes del PP
La reunión se celebró con representantes del colectivo penitenciario y con una delegación popular encabezada por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto al presidente provincial José Antonio Martín-Buro, la diputada nacional y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, y el diputado nacional Daniel Pérez Osma. Al encuentro asistieron también los dirigentes nacionales Miguel Tellado, Esther Muñoz y Ana Vázquez.
De acuerdo con lo trasladado por el partido, el objetivo fue conocer “de primera mano” las principales reclamaciones de los trabajadores y escenificar un respaldo “firme y explícito” a sus peticiones.
Estatuto propio, agentes de la autoridad y profesión de riesgo
Durante la reunión, Bea Jiménez defendió que el PP ha dado “voz” al colectivo elevando sus demandas al Congreso con la intención de promover reformas legislativas. Entre las reivindicaciones recogidas figuran:
- Creación de un Estatuto Propio que recoja las particularidades del trabajo penitenciario.
- Reconocimiento como Agentes de la Autoridad, para reforzar la protección jurídica del personal.
- Consideración del puesto como profesión de riesgo.
- Equiparación salarial con comunidades con competencias transferidas, con referencias a País Vasco y Cataluña.
- Mayor seguridad jurídica ante el incremento de agresiones en centros penitenciarios.
Obras paralizadas y calendario incierto
Otro de los ejes del encuentro fue la situación de infraestructuras pendientes en Cuenca. La diputada popular recordó que el 9 de enero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) desestimó un recurso y levantó la suspensión de la licitación, lo que —según explicó— debería permitir que las obras comiencen “de inmediato”, entre febrero y marzo, al contemplarse un plazo de ejecución de 16 meses.
Sin embargo, añadió que no existe confirmación pública sobre el inicio efectivo de los trabajos. Mientras tanto, los funcionarios denuncian que continúan sin un espacio “digno” para desarrollar su labor pese a anuncios y compromisos previos.
Apoyo a una residencia anexa al Centro de Estudios Penitenciarios
El PP también expresó su respaldo a la propuesta del sindicato “Tu Abandono Me Puede Matar” (TAMPM) para crear una Residencia anexa al Centro de Estudios Penitenciarios. Según el planteamiento trasladado por el colectivo, la iniciativa permitiría articular un recurso integral de formación y alojamiento, reforzando la dimensión operativa del centro y consolidándolo como referencia nacional en materia penitenciaria.
Desde la formación popular se sostiene que esta infraestructura mejoraría la calidad del sistema formativo y se alinearía con la “dignificación” de la profesión.
Triple objetivo: denuncia, reformas y reconocimiento
Bea Jiménez resumió el propósito de la iniciativa en tres líneas: denunciar lo que considera un abandono del Gobierno por retrasos “sin justificación”, impulsar cambios legislativos efectivos y reforzar el reconocimiento de una labor que el PP califica de esencial para el funcionamiento del sistema penitenciario y la seguridad del Estado.
La dirigente concluyó asegurando que el Partido Popular mantendrá su actividad parlamentaria para promover las reformas planteadas y dar respuesta a las demandas del colectivo en Cuenca.
