La diputada regional del PSOE de Cuenca, Paloma Jiménez, ha cargado este domingo contra lo que considera una campaña de “bulos y mensajes alarmistas” del Partido Popular en torno al decreto de regularización aprobado por el Gobierno. Según la parlamentaria socialista, la norma “ni regulariza a personas con antecedentes penales, ni otorga la nacionalidad española”, por lo que —ha insistido— “no da derecho a voto en las elecciones generales”.
Jiménez ha sostenido que el PP “falta a la verdad de manera consciente” al presentar la medida como una puerta abierta sin controles. A su juicio, el decreto pretende “dar seguridad jurídica a una realidad que ya existe”: la de personas que “ya viven y trabajan en España”, contribuyen a la economía y cuentan con derechos básicos, pero que hasta ahora lo hacían en condiciones de vulnerabilidad. “La diferencia es que ahora podrán hacerlo sin miedo, sin abusos y dentro de la legalidad”, ha afirmado.
La diputada ha desmentido de forma tajante uno de los mensajes que, según ha denunciado, se repiten desde la derecha. “La regularización no da derecho a voto. Para votar en unas elecciones generales es imprescindible tener la nacionalidad española, y este decreto no la concede”, ha remarcado. En la misma línea, ha subrayado que la norma fija “requisitos claros y controles estrictos”, entre ellos la ausencia de antecedentes penales, por lo que considera “rotundamente falso” que la medida facilite la delincuencia.
En su argumentación, Jiménez ha puesto el foco en el efecto económico de la regularización, especialmente en sectores con necesidad de mano de obra. Ha defendido que la iniciativa aporta “seguridad jurídica a los empresarios”, al permitir contrataciones legales de trabajadores “muy necesarios”, y que, además, refuerza el sistema económico y de cotizaciones.
La parlamentaria socialista ha reprochado al PP un “doble discurso” al recordar precedentes que, a su entender, contradicen la línea actual. Ha señalado que en 2024 Alberto Núñez Feijóo votó a favor de una regularización de personas migrantes, una postura que entonces calificó como de “vocación de Estado” para sacar a cientos de miles de personas de la economía sumergida.
Jiménez también ha aludido a regularizaciones masivas realizadas bajo gobiernos de José María Aznar —en 1996, 2000 y 2001—, con más de 450.000 personas regularizadas, en un contexto de crecimiento económico y demanda laboral. Asimismo, ha recordado que ya en 1991 dirigentes populares defendían en el Parlamento la regularización, advirtiendo contra la xenofobia y la identificación entre inmigración y delincuencia.
“Lo que ha cambiado no es la realidad migratoria ni la evidencia económica y social, sino la estrategia política del PP”, ha concluido. En su crítica, ha atribuido el giro a una dinámica de confrontación política: “Cuando regularizar les servía para gobernar era una política de Estado; ahora, condicionados por la extrema derecha, intentan convertirlo en ruido y miedo. Frente a eso, el PSOE defiende soluciones serias, humanas y útiles para el conjunto del país”.
