En la provincia de Cuenca, las viviendas de mayores desempeñan un papel clave en la atención a personas mayores autónomas que viven en el medio rural. Estos espacios, gestionados principalmente por los ayuntamientos, permiten que los mayores permanezcan en sus pueblos y reciban apoyo básico en su vida diaria, pero sus trabajadoras denuncian infrafinanciación, falta de personal y condiciones laborales precarias para las empleadas que los atienden.

El colectivo “Viviendas Unidas”, formado por trabajadoras de las viviendas de mayores de la provincia de Cuenca, ha alzado la voz para denunciar la precariedad laboral y la infrafinanciación crónica de un servicio que atiende a cerca de 700 personas mayores en el medio rural. La plataforma advierte de que el modelo actual está al límite y reclama medidas urgentes para garantizar su viabilidad.

La iniciativa nació a finales de 2025 tras el creciente malestar del personal, provocado, entre otros factores, por la reducción continuada del apoyo psicosocial. Según explica la integrante del colectivo y Gobernante de la vivienda de mayores de Villalba de la Sierra, Cristina Escribano, el servicio de apoyo, que en sus inicios se prestaba de forma trimestral, se ha ido recortando desde la crisis de 2008 hasta quedar reducido a una única sesión anual, con una nueva disminución de horas comunicada en noviembre del pasado año.

Subvención congelada desde hace más de 14 años

Uno de los principales problemas señalados por el colectivo es la congelación de la subvención autonómica, que se mantiene en torno a los 28.000 euros anuales por vivienda desde hace más de catorce años. El resto de la financiación procede de las aportaciones de los usuarios, el 75 % de pensiones, en su mayoría mínimas, y de los presupuestos municipales.

“Con el aumento de los costes y el nivel de vida actual, es inviable sostener el servicio en estas condiciones”, advierte Escribano. La situación está empujando a muchos ayuntamientos, especialmente en municipios pequeños, a privatizar la gestión de las viviendas, una fórmula que, según denuncian, repercute negativamente tanto en la calidad de la atención como en las condiciones laborales.

Viviendas que funcionan como “mini-residencias”

Las viviendas de mayores están concebidas como un recurso habitacional y social para personas autónomas, pero la realidad actual es muy distinta. El colectivo denuncia que están ingresando personas con grados de dependencia elevados, lo que convierte estos espacios en “mini-residencias” sin personal ni medios adecuados.

Actualmente, en cada vivienda trabajan de media tres empleadas para atender a entre 10 y 14 personas, asumiendo tareas de cocina, limpieza, lavandería, acompañamientos médicos y apoyo personal. “No somos auxiliares de enfermería, pero estamos realizando funciones que no nos corresponden, como cambios posturales o administración de medicación”, señala la integrante del colectivo.

Sueldos bajos y sobrecarga emocional

Las trabajadoras alertan de una sobrecarga física y emocional creciente, que ya está teniendo consecuencias en la salud del personal. Existen casos de bajas laborales por ansiedad y depresión, motivadas por el estrés y la imposibilidad de llegar a todo con las plantillas actuales.

En el plano salarial, muchas empleadas cobran en torno al salario mínimo interprofesional, y algunas incluso por debajo, con condiciones laborales muy dispares entre viviendas al no existir un marco común.

Amplio respaldo municipal

‘Viviendas Unidas’ agrupa a representantes de 37 viviendas de gestión directa municipal, lo que supone cerca de 200 trabajadoras en toda la provincia. El colectivo ha elaborado un manifiesto con propuestas como el aumento de la financiación autonómica, la defensa de la gestión pública, el refuerzo del apoyo psicosocial y la creación de un marco laboral común.

La iniciativa cuenta ya con el respaldo de numerosos ayuntamientos. Recientemente, el Ayuntamiento de Villalba de la Sierra ha firmado el manifiesto, sumándose a otros municipios como Abia de la Obispalía, Villar de Domingo García o Villalba del Rey. Desde la plataforma consideran este apoyo institucional “un respiro” para avanzar en la defensa del servicio.

A la espera de respuestas institucionales

El colectivo ha solicitado reuniones con la Delegación Provincial de Bienestar Social y con la Diputación de Cuenca, aunque por el momento no han recibido respuesta. Aun así, confían en que las administraciones atiendan una problemática que afecta directamente a la calidad de vida de las personas mayores en la provincia.

“Si las viviendas van a convertirse en residencias, que no digo que esté mal, sino que si es eso lo que quieren hacer, pues vamos a poner los medios y las condiciones adecuadas”, concluye Escribanp.