Han pasado ya más de cuatro meses desde que los vecinos de un inmueble de la calle Segóbriga, en el barrio conquense de Pozo de las Nieves, tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo inminente de colapso del edificio. A día de hoy, ninguno de los afectados ha podido regresar a su casa. El edificio continúa apuntalado, las causas del daño no están claras y la sensación entre los propietarios es de abandono institucional, incertidumbre y ruina económica.

El inmueble permanece sostenido por pilares metálicos provisionales a la espera de estudios concluyentes. Mientras tanto, nueve viviendas y un local siguen inutilizados. Diez familias, algunas de ellas con décadas de vida en el edificio, continúan pagando derramas y alquileres alternativos sin una fecha clara de regreso.

Solos ante el peligro

Alejandro Gómez, secretario de uno de los bloques, explica que la situación está completamente paralizada. «Ahora mismo lo único que sabemos es que se cayó un pilar y que, al caer, toda la estructura se vio comprometida. Los pilares están unidos y cuando falla uno, falla todo», señala. El edificio está apuntalado y los propietarios han tenido que asumir todos los costes desde el primer momento.

Antes del colapso, la comunidad contrató una empresa especializada para inyectar resinas expansivas en el terreno con el objetivo de estabilizar los pilares. «Los estudios previos dieron bien. El terreno parecía firme a unos cinco metros de profundidad. Pero fue terminar la actuación y el pilar se vino abajo», relata Gómez. Aunque no existe aún un informe técnico definitivo, los vecinos sospechan que bajo el edificio hay una cavidad más profunda que no fue detectada.

Desde entonces, la comunidad ha pagado arquitectos, estudios, apuntalamientos y dos derramas de 1.500 euros por vecino. «Todo lo que se ha hecho aquí lo hemos pagado nosotros. Ayuda institucional, cero», denuncia. El seguro rechazó hacerse cargo de los daños y el Ayuntamiento, tras realizar algunas investigaciones descarta que el problema tenga orígen en la red pública.

Una vida entera perdida en una noche

Herminio Berenguer tiene 81 años y es uno de los propietarios más afectados. Además de su vivienda, también es dueño de un local en el mismo edificio. Vivía allí desde hace casi cinco décadas. Antes del desalojo, Herminio relata que tuvieron una reunión de vecinos en marzo para cambiar de presidente, y que al finalizar, advirtió a los vecinos del hundimiento del edificio porque en su casa había varias grietas. «Me dijeron: pero, ¿estás tonto?, ¿cómo se va a hundir el edificio? Les dije a todos que vinieran a mi casa y cuando pasaron al pasillo, la mayoría no pudieron verla, salieron corriendo y los que la vieron se quedaron asombrados».

Los vecinos alertaron del problema a los técnicos quienes explicaron que esas grietas se abrían porque el pilar estaba cediendo. Por ello, se optó por inyectar resinas para estabilizar el edificio y frenar movimientos o hundimientos. Al introducirse a presión, la resina se expande, rellena huecos, compacta el terreno y refuerza la base sobre la que se apoya la estructura.

Sin embargo, tras finalizar esos trabajos, uno de los pilares cedió, lo que hace sospechar a los vecinos de la posible existencia de una cavidad más profunda o de que la intervención no fuera suficiente —o incluso resultara contraproducente—, algo que todavía no está aclarado técnicamente.

Fue entonces cuando se produjo el desalojo, el 8 de septiembre de 2025, un día grabado a fuego en la memoria de Herminio: «Nos caían trozos de tabique encima de la cama. Los bomberos nos dijeron que no podíamos estar allí. Yo decía que si me tenía que ir, que me lo pusieran por escrito y que alguien se hiciera cargo. Prefería morirme en mi casa antes que irme así», confiesa.

Desde entonces, él y su mujer viven de alquiler, paga un local para guardar los muebles, ha tenido que contratar ayuda para retirar enseres y continúa abonando las derramas de la comunidad multiplicadas por dos al tener una vivienda y un espacio comercial en el mismo edificio. Todo ello con una pensión de 800 euros. «Esto es una ruina económica y psicológica. Cada vez que hablo de esto me echo a llorar», admite.

Sin plazos definidos ni responsables señalados, el escenario se llena de conjeturas

Los técnicos que trabajan para la comunidad hablan de un plazo mínimo de un año o año y medio antes de poder volver a vivir en el edificio. Pero no hay garantías. «Nos dicen que se están haciendo cosas, pero nadie nos dice cuándo, ni cómo se va a solucionar», lamenta Herminio.

Mientras tanto, los vecinos han tenido que buscarse la vida. Algunos viven con familiares, otros han alquilado pisos fuera de Cuenca. Solo dos inquilinos recibieron alojamiento temporal durante una semana.

Alejandro Gómez, secretario del bloque, relata que lo primero que hicieron nada más empezar el problema fue contactar con los seguros y con el consistorio local. «El Ayuntamiento empezó por aquí a ver sus alcantarillas y a investigar y dijeron que el problema no era suyo y el seguro dijo que eso no lo cubría, así de fácil», afirma.

El edificio tiene más de 60 años y los vecinos más longevos recuerdan el espacio en el que se asienta como una zona de huertas y que más arriba, por la zona del MUPA, siempre ha habido una especie de manantial o fuente que guia el agua por estratos bajo la cota 0.

La investigación se enfrenta ahora a una serie de dificultades. Tal y como explica el arquitecto de la comunidad, Félix Lerín, la capacidad de actuación es limitada. Se ha contactado con varias empresas externas especializadas, dotadas de maquinaria específica, para llevar a cabo un estudio geotécnico y un diagnóstico del estado de la estructura, pero en estos momentos se encuentran colapsadas.

Ese estudio será el que determine los siguientes pasos a seguir.

La denuncia de los vecinos

Los afectados reclaman claridad, responsabilidades y apoyo institucional. Consideran injusto que, tras perder sus casas, sean ellos quienes sigan asumiendo todos los gastos sin una solución a la vista. A esta situación se suma la falta de solidaridad: hasta el momento, nadie ha impulsado una recaudación de fondos, ni una iniciativa de apoyo para ayudar a las familias damnificadas. «La gente ha perdido su casa, que es lo máximo que se puede perder», denuncia Gómez.

Cuatro meses después del desalojo, el edificio sigue en pie, pero la vida de sus vecinos permanece en suspenso. Sin fechas, sin respuestas y con la sensación de que el tiempo avanza mientras sus casas se hunden, también en el olvido.