La Audiencia Provincial de Cuenca ha señalado para el 17 de diciembre de 2025, a las 10.00 horas, la celebración del juicio oral en una causa por delito contra la salud pública relacionada con una intervención de droga.
La Fiscalía solicita cinco años de prisión y multa superior a 14.500 euros
El Ministerio Fiscal interesa la apertura de juicio oral contra una mujer identificada como A.A.M., para quien solicita una pena de cinco años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 14.541,66 euros, además del pago de costas.
Intervención en marzo de 2023: cocaína, básculas, bolsas y dinero en efectivo
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a las 16.50 horas del 14 de marzo de 2023, cuando la acusada conducía un BMW 320D en el punto kilométrico 6, a la altura de Torrubia del Campo. La Fiscalía sostiene que llevaba en su bolso distintas cantidades de cocaína, junto a dos básculas de pesaje, bolsas de pequeño tamaño y 550 euros en efectivo, con la finalidad de destinar la sustancia al tráfico.
El escrito del Ministerio Fiscal cuantifica en 4.847,22 euros el valor que habría alcanzado la sustancia intervenida en el mercado ilícito.
Delito imputado y medidas accesorias: comiso y destrucción
La acusación encuadra los hechos en un delito de tráfico de drogas que causa grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal, atribuyendo a la procesada la condición de autora y sin apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Además, solicita el comiso del dinero y efectos intervenidos y la destrucción de las sustancias si no se hubiera realizado ya.
Prisión preventiva entre marzo y mayo de 2023
La acusada permaneció en prisión preventiva por estos hechos desde el 15 de marzo de 2023 hasta el 24 de mayo de 2023, extremo que la Fiscalía pide que se tenga en cuenta en caso de sentencia condenatoria.
Prueba propuesta: interrogatorio, Guardia Civil y pericial farmacéutica
Para el acto del juicio, el Fiscal propone la práctica de prueba mediante el interrogatorio de la acusada, la declaración testifical de varios agentes de la Guardia Civil y la ratificación de informes periciales, incluyendo el de la farmacéutica responsable técnica sobre peso neto y pureza, así como peritos de la Guardia Civil sobre la valoración en el mercado ilícito.
