Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entidades del ámbito social han lanzado un llamamiento conjunto para recordar que la accesibilidad universal “no es un añadido, ni un privilegio, ni una opción, sino un derecho imprescindible” para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas en la sociedad.
En su manifiesto, recuerdan que, pese a los avances de los últimos años, las barreras —físicas, digitales y sociales— siguen presentes y condicionan la vida diaria de millones de personas con discapacidad. La nueva legislación estatal sobre accesibilidad, en vigor desde 2025, supone un paso importante, pero denuncian que su aplicación real “aún no llega a todos los entornos ni a todos los servicios”.
El comunicado advierte de que esta falta de accesibilidad tiene un reflejo directo en las cifras de exclusión. Menos de un tercio de las personas con discapacidad en edad laboral cuentan con un empleo, y su tasa de paro casi duplica la del resto de la población, lo que demuestra que la igualdad de oportunidades “todavía está lejos de ser una realidad”.
Las organizaciones firmantes subrayan que la accesibilidad universal es “la llave que abre el resto de derechos”: desde decidir dónde y con quién vivir, hasta acceder a una educación inclusiva, a un empleo sin discriminación, al ocio, la cultura, el deporte y la vida comunitaria. También ponen el foco en el derecho de niños y niñas con discapacidad a jugar y socializar en igualdad, así como en la situación específica de las mujeres con discapacidad, que continúan enfrentándose a una doble discriminación y a distintas formas de violencia.
“El entorno que construimos refleja los valores que tenemos”, señalan, al tiempo que recuerdan que una ciudad accesible es una ciudad que respeta a todas las personas. “Cuando la accesibilidad falla, la igualdad desaparece”, insisten, reclamando políticas transformadoras que vayan más allá de la mera aprobación de leyes: sensibilizar, formar, escuchar, proponer, reivindicar y denunciar cuando sea necesario.
Las entidades apelan a un horizonte que denominan el “sueño Roosevelt”: una sociedad inclusiva, justa y abierta, donde nadie quede al margen por falta de accesibilidad. En esta línea, hacen un llamamiento a instituciones, empresas, comunidades educativas, medios de comunicación y ciudadanía en general a seguir avanzando, eliminar barreras y colocar la inclusión en el centro de la agenda pública.
“Sin derecho a la accesibilidad no hay inclusión social”, concluyen, invitando a toda la sociedad a implicarse en la construcción de entornos accesibles y a hacer posible una sociedad verdaderamente para todas las personas.
