La gran apuesta de Castilla-La Mancha: 5,8 millones de euros al día para luchar contra la despoblación

En 2026

El proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026 destinará 2.116 millones de euros a combatir la despoblación en la región, lo que supone 5,8 millones diarios y uno de cada cuatro euros del presupuesto efectivo para atender las necesidades de las zonas afectadas por este fenómeno.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero, ha resaltado este dato durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, en la que ha desgranado las principales partidas de la sección 11 del presupuesto, que es la correspondiente a Presidencia, a excepción del ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha y del Instituto de la Mujer, que contarán con las comparecencias de sus responsables.

En total, esta sección dispone para 2026 de un presupuesto consolidado de 27,8 millones de euros, es decir, un 0,22 por ciento del total del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para el próximo ejercicio.

Una cuantía que, según Caballero, es «un ejemplo de austeridad» y que sitúa a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha como «la más austera de toda España».

Asimismo, ha destacado que demuestra que se puede gestionar «con eficacia» y «con eficiencia» e «impulsar políticas que nos sitúen a la vanguardia en materia de despoblación, de generación de empleo y de mejora de los servicios públicos» y, al mismo tiempo, «mantener un presupuesto contenido en el ámbito más político».

El vicepresidente segundo ha incidido, además, en que se hace «una apuesta muy importante» en la lucha contra la despoblación y, a este respecto, ha detallado que el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2026 recoge una inversión de 5,8 millones de euros diarios destinados al reto demográfico.

Esto se traduce en 2.116 millones de euros, que suponen 80 millones más que en el ejercicio anterior para garantizar los derechos de los ciudadanos que viven en zonas rurales y la prestación de los servicios públicos «con el mismo nivel de calidad» que en las zonas urbanas, ha asegurado Caballero.

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