El acogimiento de casi 700 menores no acompañados ha provocado la reacción política de la Junta de Comunidades por falta de financiación. El vicepresidente José Luis Martínez Guijarro afirmó que, aunque Castilla-La Mancha siempre ha sido una región solidaria, hay que tener claras cuáles son las competencias: «Nuestra competencia es la atención a los menores que están en nuestra Comunidad Autónoma en situación de riesgo o desamparo, y estamos dispuestos a colaborar para resolver un problema que tenemos como país, pero eso no puede ser a costa de los Presupuestos».
La discrepancia entre el Gobierno regional y el central es diáfana: «El problema es del Estado y lo tiene que financiar el Estado, los 100 millones que supuestamente han puesto es un presupuesto escasísimo y no estamos de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo». Por tanto, Guijarro avisó de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir el Decreto-Ley, aunque tendrán que acatar el mandato legal mientras tanto.
A su juicio, se trata de una responsabilidad compartida entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición a la hora de llegar a un acuerdo. Consideró que hay que abordar el tratamiento de los menores no acompañados que llegan al país con un sistema de distribución y financiación para la correcta atención de esos menores entre todas las Comunidades Autónomas.
«Cada vez que hemos tenido plazas disponibles las hemos puesto a disposición del sistema, pero si nos traen más de 600 niños no hay plazas, ni creo que sea justo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan que pagar con sus impuestos la atención de esos menores», sostuvo el vicepresidente, quien consideró el planteamiento más que razonable y entendible por el conjunto de los ciudadanos.
