Tenso pleno extraordinario de agosto el que se ha vivido en la Diputación provincial donde PP y PSOE se han enzarzado en un cruce de reproches por la gestión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU). El debate se centró en la revisión de oficio del decreto N.º 9.990/2024, que regula la continuidad del servicio tras la expiración del contrato con la UTE de Cuenca el pasado diciembre, correspondiente al punto número cuatro del orden del día.
Rodrigo Molina, diputado del Área de Prevención, Extinción de Incendios, Emergencias y Medio Ambiente, ha explicado en su intervención que, al tratarse de un servicio esencial, se debía garantizar su continuidad mientras se resolvía la nueva contratación, y que las facturas pendientes incluían conceptos que ahora se revisan, como el “beneficio industrial”.
Sin embargo, Cayetano Solana portavoz del PP, ha cargado duramente contra la gestión del equipo de gobierno: “Después de veinte años de contrato, han llegado al final de diciembre sin nueva licitación. Esto ha supuesto un perjuicio económico para la Diputación de unos dos millones de euros al año”, denuncia, acusando a los responsables de incompetencia y falta de previsión.
Según las cifras expuestas por Solana, en el primer trimestre del 2025, UTE Cuenca les ha facturado 309.000 y en el segundo trimestre, 301.000 euros.
Molina ha respondido que las cifras expuestas por el PP solo reflejaban los primeros meses y que, al cerrar el año, las cuentas podrían ser mucho menores, debido a la venta de productos reciclados. Solana ha replicado que la información necesaria para hacer esa estimación nunca se les facilitó, y que sus críticas eran, por tanto, justificadas.
Finalmente, el pleno aprobó la revisión de oficio del decreto, aunque las acusaciones cruzadas dejaron claro que la polémica sobre la gestión del servicio de residuos seguirá presente en la Diputación de Cuenca.
