La Diputación de Cuenca ha aprobado este miércoles en pleno ordinario del mes de junio el expediente de contratación del nuevo servicio de control de la calidad del agua para el consumo humano y mantenimiento de los equipos de cloración en municipios de la provincia, con un presupuesto de cerca de dos millones de euros para dos años. Lo ha hecho con la crítica del PP, que ha mostrado su inquietud por la posibilidad de que algunos ayuntamientos pequeños tengan que asumir un sobrecoste superior al del anterior contrato.
Desde el equipo de gobierno, el vicepresidente primero, Francisco López López (PSOE), ha explicado que el nuevo pliego incorpora exigencias añadidas de la Consejería de Sanidad, y que no se puede conocer el coste final hasta que se abra la licitación: “La baja entiendo que va a ser posiblemente o parecido o superior por lo que hemos escuchado en el servicio. Es una licitación abierta, nos podemos llevar sorpresas”.
El PP, a través de su portavoz Cayetano Javier Solana Ciprés, ha solicitado que la Diputación se comprometa a asumir cualquier diferencia económica respecto al contrato anterior: “Hay pueblos que van a pagar el doble, según previsiones. Pedimos que la Diputación no los deje vendidos”, ha defendido Solana, quien también ha señalado que la medida tendría “un impacto ínfimo” en las cuentas provinciales.
Además, el PP ha planteado dudas sobre la compatibilidad de este contrato con el futuro programa de gestión integral del agua que la Diputación había anunciado como uno de sus proyectos estrella. En ese sentido, López ha aclarado que no hay incompatibilidad: “Tener un contrato de dos años es lógico en este escenario”.
En este sentido, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha cerrado el punto explicando que este plan está actualmente paralizado por un recurso en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y recordando que el servicio de control del agua es esencial, por lo que no puede dejar de prestarse: “Queríamos avanzar rápido en la gestión integral, pero hay que respetar los tiempos normativos. Mientras tanto, no podemos dejar de prestar un servicio que es bueno. Lo urgente es aprobar esta partida”.
Finalmente, el expediente ha sido aprobado.
Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cuenca también ha aprobado la adhesión de 110 municipios al nuevo contrato del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU), así como a la gestión tributaria de la correspondiente tasa. El actual contrato con la empresa expira el 31 de diciembre, lo que obliga a iniciar un nuevo periodo de licitación.
El diputado de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, ha explicado que el procedimiento sigue los cauces habituales, salvo en el caso de Cuenca capital y sus pedanías, que se articula mediante una adenda específica por tratarse de una mancomunidad.
El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha dado por aprobado el punto.
Asimismo, la Diputación Provincial de Cuenca ha aprobado el expediente de contratación nº 56P/25 para el servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en la provincia. El contrato, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto máximo de 9,46 millones de euros, IVA incluido, con una media anual de 2,36 millones.
Del mismo modo, entre otros puntos del día, en esta sesión se han aprobado modificaciones en Planes de Obras y Servicios en localidades como Arandilla del Arrollo, Casasimarro, Las Mesas y Olivares del Júcar.
