La última información oficial que ha trascendido sobre la conocida por sus siglas como ZBE la brindó el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado lunes 30 de junio, cuando afirmó que entraría en vigor «a finales de año». Tras la declaración este medio de comunicación se puso en contacto con el equipo de Gobierno para conocer nuevos detalles, pero por el momento han declinado ampliar la información.
El concejal del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cuenca, Juan Guadalajara, confirmó en El Digital de Cuenca que desde que se rechazara la aprobación de esta Ordenanza Reguladora en 2024 no saben nada más y nadie se ha puesto en contacto con su grupo para ofrecer más detalles. «Es verdad que hubo una reunión informal para tratar algún que otro tema con el concejal entonces responsable, Adrián Martínez Vicente, pero no hemos vuelto a saber nada más de ellos», concretó. Y añadió: «No sabemos absolutamente nada, aunque conociendo la desidia de este Ayuntamiento cualquier cosa puede pasar».
En la página web de RACE (Real Automóvil Club de España) hay un apartado especial para encuadrar la zona de bajas emisiones en Cuenca y señalar su pertinencia a la hora de restringir la entrada a vehículos contaminantes. Pero esta medida tiene su origen en una transposición de una directiva europea que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a llevar a cabo esta implantación. En la ciudad de Cuenca afectaría a las calles Aguirre, Las Torres, Los Tintes, Huécar, Colón, plaza de la Trinidad, Palafox y Avenida de la Virgen de la Luz. Y el tipo de vehículo será determinante:
- Entre 2025 y 2033 pueden acceder al interior de la ZBE de Cuenca las etiquetas B, C, Eco y Cero.
- Entre 2034 y 2038 quedan excluidos los coches con etiqueta B y solo podrán entrar las etiquetas C, Eco y Cero.
- A partir de 2039 sólo pueden entrar en el área restringida los coches con etiqueta Eco y Cero.
«Aquí ya surge cierta polémica, porque la directiva no dice que sea obligatorio, pero la transposición del Gobierno central sí», continuó Guadalajara, y según precisó hay bastantes ciudades que todavía no lo han implementado. «Nosotros rechazamos la ZBE por un motivo fundamental: quieren establecer una zona de bajas emisiones que va a imponer una serie de restricciones y se supone que esas restricciones nos van a ayudar a mejorar la calidad del aire entre otras cosas, pero el problema es que no hay base de la que partir porque no tenemos unos estudios previos que nos digan cómo es la calidad del aire en nuestra ciudad», argumentó. Está convencido de que tanto la gestión como la redacción no tienen «ni pies ni cabeza».
Lo primero, en su opinión, es conocer si esa calidad del aire es buena o mala y a partir de ahí fijar unos objetivos para saber dónde llegar, qué se busca reducir, cuánto hay que reducir o si es necesario incluso restringir. «Tendrían que haber hecho los estudios desde 2021 cuando ya sabían que tenían que implantar una ZBE y se han puesto a trabajar a última hora, por eso tenemos los problemas que tenemos», aseveró el concejal popular.
En este punto hizo alusión a la declaraciones del concejal socialista Castellano Barragán en una entrevista en un medio local el pasado mayo cuando afirmaba que el Ayuntamiento había realizado un informe de la calidad del aire en 2024 y que ese informe dice que fue prácticamente buena en la totalidad del año, manteniendo los niveles que marca la Unión Europea: «O sea, especifica que fue buena en el 96,5% de los días, pero si la calidad del aire es buena, ¿para qué queremos hacer una implantación de la zona de bajas emisiones? Hay algo aquí que nos está descuadrando».
Precisamente, después de que Darío Dolz incidiera en el último pleno extraordinario que la ZBE no es un capricho, Guadalajara le increpó: «No digo que sea un capricho o no, pero tú tienes herramientas en tus manos para poder justificar si es necesario o no, nosotros lo que decimos es que hagan un estudio y demuestren que sí es necesaria esta implantación».
Teniendo en cuenta los plazos, lamentó que la subvención otorgada por la Junta de Comunidades de más de 100.000 euros se haya perdido y que se haya pagado un recargo de 6.000 euros porque se ingresó una parte y ha habido que devolverla con sus correspondientes intereses. También recordó que el Gobierno de España fija el límite de plazo hasta finales de este año y amenaza a las ciudades que no lo implanten con una pérdida de subvenciones por parte del Ministerio de Transportes de la ayuda al transporte público, a los autobuses en este caso. «Creemos que esto sería una incongruencia total, imagínate que el Ministerio ahora retira la ayuda al autobús público, ¿qué vamos a hacer?, ¿fomentar el uso del coche privado? No tiene sentido». A su juicio, el equipo de Gobierno se ha puesto a trabajar a última hora cuando ve que se les acaban los plazos, pese a que implica perder subvenciones y no hacer las cosas de manera correcta. Además, quiso subrayar que hay una «inseguridad jurídica y política total» y puso el ejemplo de Francia que el pasado mayo dio marcha atrás y tumbó la implantación de la zona de bajas emisiones, así como la suavización de restricciones en Madrid.
